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MADRID (EP). El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado este viernes un adelanto electoral al próximo 20 de noviembre, con el fin de que el próximo Gobierno tenga plenas capacidades el 1 de enero y ha justificado su comunicación anticipada, antes de ser jurídicamente necesario, -el decreto de disolución de las Cortes se publicará el 27 de septiembre- por la necesidad de "proyectar certidumbre política y económica".
Zapatero ha hecho este anuncio en la rueda de prensa habitual de finales de julio para hacer balance del semestre, en la que ha proclamado que el Ejecutivo "ha cubierto en buena medida los objetivos que se fijó para la segunda parte de esa legislatura", de manera que "se han sentado las bases para la recuperación" y "ha llegado el momento" de anunciar el calendario.
En su relato, ha considerado clave para llegar a este punto la aprobación definitiva de la reforma de las pensiones, pero ha añadido que pedirá un "esfuerzo" a los grupos parlamentarios para que en septiembre aprueben aún algunas leyes que siguen en trámite. Así, ha resumido que la fecha elegida es la que permite, al mismo tiempo, culminar las reformas y permitir que el 1 de enero haya un nuevo gobierno.
"La certidumbre es estabilidad", ha señalado, añadiendo que "fijar un calendario claro y determinado" es "garantía de las reglas del juego" y también la vía para que el debate público deje de estar centrado en la fecha de las elecciones y se centre más bien en las propuestas de los partidos.
Mientras Gobierno y PSOE aludían hasta hace poco a la inestabilidad financiera como motivo para no adelantar los comicios, el presidente ha reconocido que la "volatilidad" persistirá y que además agosto es un mes propicio para ello, pero ha contraargumentado que el Gobierno sigue comprometido con el control del gasto y que los mercados deben saber que el plan europeo para salvar a Grecia, que es el origen de las turbulencias, es "sólido" y "creíble".
El jefe del Ejecutivo, que hasta hace pocas semanas defendía la necesidad de agotar la legislatura precisamente por estabilidad, ha defendido que lo lógico era mantener la "reserva" y no abrir "expectativas", pero ha asegurado que la decisión de adelantar la tenía "pensada y madurada desde hace tiempo", aunque no ha precisado desde cuándo pese a las reiteradas preguntas.
Tampoco ha relatado quiénes conocían sus planes -"no voy a hacer un relato que forma parte de la gestión de cómo se toman estas decisiones- ni si se lo ha comunicado anticipadamente al líder de la oposición, aunque ha reconocido que entre las personas con las que ha hablado estos días está el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
NO HAY MOTIVOS ELECTORALES
Eso sí, Zapatero ha subrayado que en el adelanto no han pesado motivos electorales, ni la valoración positiva de Rubalcaba por parte de los ciudadanos reflejado en el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ni tampoco las perspectivas negativas que auguran al PSOE todas las encuestas. "No hay ningún componente de perspectiva electoral, el razonamiento que he hecho es bastante lógico de lo que le conviene al país y al interés general, prueba de ello es que lo tengo pensado desde hace tiempo", ha zanjado.
En la misma línea, ha negado presiones desde dentro del propio PSOE, subrayando que, aunque en las últimas semanas todo el mundo se ha pronunciado sobre este asunto, entre sus "compañeros" impera el "respeto profundo al presidente del Gobierno". Sin embargo, sí ha reconocido que, "leyendo los planteamientos de los medios de comunicación, y las declaraciones de los grupos parlamentarios" en las últimas semanas, lo "natural y razonable" era que las elecciones fueran en otoño.
Zapatero, que cuando anunció el pasado abril que no volvería a ser candidato se marcó el objetivo de agotar la legislatura, no ha desvelado si la decisión ha sido una renuncia más de las muchas que ha tenido que hacer por la crisis económica, y ha replicado que, tras siete años de presidente, "lo más importante es cumplir con el deber" y con "el interés general por encima de cualquier otro". "Uno se queda satisfecho con uno mismo si piensa que las decisiones que toma sirve mejor a su país. Eso es lo que me motiva, más allá de las dificultades que en este periodo hemos tenido que han sido y son muy serias".
El presidente ha negado carácter simbólico a la fecha elegida, el 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco -para mi es una fecha más- y ha justificado que es la fecha que permite que haya un nuevo Gobierno el 1 de enero, aprobar algunas leyes pendientes en el mes de septiembre y sortear el puente festivo de principios de noviembre en la campaña electoral.
LEYES PENDIENTES
Las leyes que Zapatero quiere aún sacar adelante son la de agilización procesal la ley concursal y la de jurisdicción social, así como la inclusión de los trabajadores agrarios en el régimen general de la Seguridad Social, que afecta a un millón de personas, y la ley de protección integral de víctimas del terrorismo. Eso sí, luego ha precisado que esta lista no es "excluyente" y que si los grupos políticos trabajan con agilidad pueden aprobarse otras como la de Igualdad de Trato o la de Muerte Digna.
Además, ha dejado claro que el Ejecutivo no aprobará proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha precisado que por eso quiere que el nuevo Gobierno esté en funciones en enero, para poder tomar "en breve" las decisiones que correspondan. "Ya ha pasado en alguna otra ocasión, el gobierno entrante tendrá la capacidad de adecuar las necesidades a partir del 1 de enero", ha dicho.
No obstante, también ha insistido en que el Gobierno seguirá ejerciendo todas sus funciones hasta que le corresponda ceder el relevo, "con toda la intensidad para velar por la recuperación económica, por las reformas aprobadas y por el control del déficit público".
De hecho, también ha adelantado que en el Consejo de Ministros del 19 de agosto el Ejecutivo aprobará un decreto para acelerar la reducción del déficit público, que contemplará medidas y "alguna modificación normativa" para mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades y el recorte del gasto farmacéutico.
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