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MADRID (EP). Las administraciones públicas tienen una deuda 'viva' con el sector de la construcción relacionada con la ejecución de obras públicas por importe de 22.300 millones de euros, de los que 15.049 millones se encuentran vencidos y en mora.

Así lo indica la patronal de grandes constructoras Seopan, con datos de cierre de 2010 que, no obstante, arrojan un descenso en relación a los del ejercicio precedente.

A la conclusión de 2009, la deuda de las administraciones relacionada con la ejecución de obras públicas ascendía a 55.064 millones de euros, de los que 17.284 millones eran deuda ya vencida.

En su informe económico de 2010, la patronal que preside David Taguas denuncia que el "reiterado incumplimiento de la normativa sobre plazos de pago está dificultando la actividad de las empresas de obra pública lo que, junto a la actual restricción crediticia al sector, compromete seriamente su permanencia en los mercados". "Todo ello es, con frecuencia, causa directa de su colapso financiero y consiguiente cierre y destrucción de puestos de trabajo", indica.

Para Seopan, "esta situación justifica que la normalización de los pagos de las administraciones y entidades públicas dependientes se constituya en objetivo prioritario, tanto de los poderes públicos como de las organizaciones empresariales".

Según datos de Deloitte que cita Seopan, en el sector de la construcción la Administración central está pagando en un plazo de 140 días, las comunidades autónomas a 155 días y los ayuntamientos a 238 días, lo que arroja un plazo medio para el conjunto de la Administración de 157 días.

Para la asociación, estos datos demuestran la "ineficacia" de la nueva Ley de Morosidad un año después de su entrada en vigor "ante el generalizado y persistente incumplimiento de la Ley por parte del Estado". "Muy al contrario, puede afirmarse que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado", añade Seopan.

IMPUGNACIÓN DE PLIEGOS

En este sentido, en su informe económico anual, la patronal de grandes constructoras revela que ha impugnado los pliegos de contratos de obra que distintas administraciones han sacado a concurso con plazos de pagos "contrarios a la Ley de Morosidad".

Según Seopan, "ello ha dado lugar a un problema añadido al de la morosidad, como es la judicialización de las licitaciones". "Las administraciones deberían, por tanto, reconsiderar esta práctica y modificar sus pliegos de contratación, ajustándolos a la legalidad vigente", reclama la patronal.

Esta asociación asegura que, con el fin de resolver sus actuales restricciones presupuestarias financiándose a costa de las empresas, determinadas administraciones y entidades y empresas públicas han aprobado, incluso después de la entrada en vigor de la nueva Ley, pliegos e contratación con formas de pagos que "exceden ampliamente los plazos de pago que impone la ley".