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MADRID. El Gobierno ultima la aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, antigua reivindicación de la FAPE que la considera primordial no solo para la ciudadanía sino también para el trabajo de intermediación que realizan los periodistas.

Después de 15 años durmiendo el sueño de los justos, el borrador, promesa electoral del PSOE en sus programas de 2004 y 2008, aparece y desaparece sin que ningún Gobierno le haya dado todavía el espaldarazo final.

España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que carece de una ley de acceso a la a información pública. El Gobierno congeló el verano pasado sus intentos de enmendar esta carencia.

El globo sonda que filtró a El País, el 15 de agosto pasado, recibió la crítica masiva de organizaciones profesionales y ciudadanas. La ley nacía vieja. Ponía negro sobre blanco el modelo de acceso a la información pública ya existente, fijaba plazos tediosos y establecía múltiples excepciones.

Era, además, una propuesta analógica en plena era digital, pues obligaba al ciudadano a presentar una solicitud física y no especificaba el formato en que le sería entregada la documentación. El Gobierno ha metido el turbo casi en los estertores de su mandato.

Alfredro Pérez Rubalcaba anunció el 24 de junio pasado la aprobación inminente de la ley. No precisó el vicepresidente primero cuánto del último borrador permanecería en el nuevo, pero aseguró que se pretende que marque una “posición irreversible en el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública”.

Como periodistas, la ley de transparencia y acceso a la información pública abrirá una gran oportunidad para hacer mejor información pues, a juicio de la FAPE, “contribuiría a suprimir las trabas que regularmente entorpecen nuestro deber de transmitir a la sociedad las actuaciones de la Administración” y “elevará los estándares de calidad de nuestro trabajo”, al aumentar la exigencia sobre el periodismo.

Sin embargo y para que sea útil, esa norma deberá estar a la altura de las legislaciones de los países más avanzados.