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MADRID (EP). La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado en contra de abrir una investigación contra las tres principales agencias de calificación -Moody's, Fitch y Standard and Poor's-, al considerar que no existen indicios para probar que alteran los precios del mercado bursátil y utilizan información privilegiada, según el escrito enviado por la Fiscalía a la Audiencia Nacional.

De esta forma, el Ministerio Fiscal contesta a la petición formulada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para decidir la admisión a trámite de la querella presentada el pasado mes de febrero por un grupo de abogados contra las tres agencias de 'rating'.

"El inicio de un procedimiento penal contra las agencias de 'rating' querelladas supondría -a la luz de los datos de los que hoy se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia", concluye el fiscal.

Además, Anticorrupción considera que los hechos denunciados "en sí mismos no son constitutivos de delito" y que, además, los querellantes no han presentado "ninguna imputación de actos concretos que encajen en las conductas descritas" en los presuntos delitos de alteración artificial de los precios y uso de información privilegiada, tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal.

En su escrito, la Fiscalía admite que las tres agencias de calificación "se equivocaron gravemente" en hechos como las calificaciones dadas a la entidad de inversión de Bernard Madoff y al banco Lehman Brothers, aunque reconoce que "no fueron las únicas".

FRACASO GENERALIZADO EN LA PREVISIÓN DE LA CRISIS

"Hoy es generalmente admitido que hubo un fracaso generalizado de los políticos, organismos reguladores, economistas, analistas y otros expertos a nivel mundial tanto en la previsión de la propia crisis como, sobre todo, en la apreciación de su extraordinaria magnitud", justifica la Fiscalía, que cita al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Foro de Estabilidad Financiera del G-7, entre otras.

Respecto a las rebajas de la calificación de la deuda española aplicada por estas tres agencias, el fiscal considera que "indudablemente (...) perjudicaron económicamente a España", pero concluye que éstas no fueron "infundadas ni contrarias" con la opinión generalizada de las "más reputadas" organizaciones económicas mundiales.

Por último, el fiscal recuerda que las agencias de calificación están obligadas a mantener la confidencialidad de la información y sus analistas no pueden utilizarla para otros fines. En caso de que incurran en un delito de estas características se investigará de forma individual.

Los querellantes acusan a Moody's, Fitch y Standard and Poor's de actuar como un "oligopolio" -cuentan con un 90% del mercado-, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación, manejando "arbitrariamente" los precios.

La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a los emisores por calificar sus títulos.