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MADRID (EP). El Gobierno y los agentes sociales se están planteando permitir que los empresarios puedan convertir contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, con un indemnización por despido de 33 días, hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre y cuando la duración de los mismos no exceda de los seis meses.

Según fuentes próximas a la negociación de las partes en la mesa del empleo, este límite temporal se fijaría para aquellos contratos temporales, incluyendo los vinculados a la formación, que se hayan celebrado a partir del 1 de agosto de este año. La duración máxima de seis meses no será de aplicación a los contratos formativos.

El contrato con una indemnización de 33 días podría formalizarse además para los contratados temporales antes del 1 de agosto de 2011, si bien la conversión se limita hasta el 31 de diciembre de 2011.

De esta forma, el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal ultiman ampliar la fecha de formalización de los contratos temporales, que ahora se limitaba al 18 de junio de 2010, y cuya bonificación para transformarse a contratos de fomento del empleo indefinido expiró el pasado 31 de diciembre de 2010.

Las tres partes están debatiendo también establecer un "guión" para determinar cómo favorecer el empleo juvenil, dada la elevada tasa de paro del colectivo, que supera el 40% de esta población.

Los documentos intercambiados en la mesa del empleo admiten el "riesgo de descuelgue" de una generación, por lo que persiguen que la estrategia de empleo pueda ofrecer una atención personalizada para los jóvenes.

Así pues, se plantean promover algunas "experiencias piloto" para desarrollar a medio plazo un modelo de formación dual, similar al aplicado en Alemania, en el que se combine la contratación laboral en una empresa con la formación en un centro educativo o formativo. Además, esta experiencia laboral serviría para obtener un certificado de profesionalidad.

PRÁCTICAS NO LABORALES

Dentro de este paquete de medidas a implantar se incluye procurar prácticas no laborales destinadas a facilitar la transición desde el aula al puesto de trabajo. Los Servicios Públicos de Empleo ganarían protagonismo para garantizar la oferta y supervisar y reconocer estas prácticas como "primera experiencia" en el mercado de trabajo.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración y los agentes sociales también manejan, a propuesta del Gobierno, que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) financie ocho días de la indemnización por despido.

La reforma laboral estableció un régimen transitorio por el cuál el Fogasa se haría cargo de esa parte de las indemnizaciones en el caso de los despidos tanto procedentes como improcedentes, excepto los disciplinares, en el caso de contratos indefinidos, a la espera de la configuración del 'modelo austríaco' en junio de este año.

El Gobierno ha mantenido que el Fogasa pague parte de la indemnización en los despidos improcedentes sólo hasta el 31 de diciembre de este año, que en el caso de los procedente se ampliará hasta 2013, cuando se prevé implementar el modelo austriaco.

MÁS EMPLEADOS PARA EL FOGASA

Otra novedad planteada por el Gobierno es la de considerar que la plantilla del Fogasa debería ser "reforzada" para atender el aumento de solicitudes derivado de la crisis.

Así, en función del volumen de empleados beneficiarios de las prestaciones del Fogasa, provenientes de empresas abocadas a cerrar por impago, se fijaría que cada trabajador del organismo tramitara las solicitudes anuales de 596,72 empleados.

A partir de ese criterio y atendiendo a un incremento de nuevas prestaciones, se concreta que la plantilla del Fogasa se ampliaría en una media de 84 nuevos empleados al año.