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La única forma de que los futbolistas cobren íntegramente su salario es que los clubes interioricen las consecuencias económicas y deportivas de un posible impago y ofrezcan a sus empleados un contrato que realmente puedan asumir. El enfoque correcto a este problema tiene que ver con los incentivos ex ante y no con las consecuencias ex post de la morosidad

VALENCIA. 4.000 millones de euros de deuda, 300 jugadores sin cobrar, 22 equipos en concurso de acreedores... Estos son algunos de los datos que ilustran la insostenible situación económica de los clubes de fútbol españoles. En cualquier otro sector de actividad no sería necesario recordar que las empresas deben ajustar sus gastos a la corriente de ingresos.

Pero en el fútbol, lo obvio tiende a convertirse en una quimera. En parte debido a la exuberante preferencia por el gasto de los directivos. Y en parte porque, salvo honrosas excepciones, siempre vinculadas a equipos menores y con escasa visibilidad política, los gobiernos demuestran con hechos que no tienen intención alguna de dejar caer a los clubes insolventes. Puesto que nuestros equipos parecen ser Too Emotional to Fail y dado que el sentimiento futbolístico no parece disminuir sino aumentar con el paso del tiempo, convendría dotarnos de herramientas para minimizar los daños colaterales de las burbujas futbolísticas.

La primera posibilidad consiste en introducir mecanismos para alinear los incentivos deportivos y financieros de los clubes. Ya que los equipos se endeudan para alcanzar objetivos deportivos, parece lógico privarles de los mismos en caso de default. En España, un convenio firmado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) establece la exclusión de las competiciones profesionales de aquellos clubes que dejen de pagar a sus jugadores. Y en las ligas amateurs, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sanciona el impago de las nóminas con descensos de categoría.

Aunque la reglamentación deportiva es clara con respecto a la morosidad, en la práctica las cosas son bien diferentes. Al objeto de favorecer la supervivencia de los equipos, los descensos administrativos quedan inmediatamente suspendidos cuando los clubes se acogen a la Ley Concursal. De este modo, un equipo que haya ascendido a primera división incurriendo en pérdidas millonarias, puede conservar la categoría y librarse del 50% de la deuda que mantiene con futbolistas y otros clubes. Por supuesto, esta situación genera un problema de azar moral, cuyas consecuencias son exactamente las que usted imagina. La asunción de riesgos financieros se ha disparado en los últimos años y cada vez más equipos acuden al Juzgado con la sana intención de adelgazar su pasivo a coste cero.

El anteproyecto de reforma de la Ley Concursal, actualmente en trámite parlamentario, pretende poner solución a este problema, evitando que los equipos en concurso se beneficien de la suspensión de los descensos por impago. Pero lamentablemente, y como corresponde al mencionado carácter quimérico de la obviedad futbolística, no hay consenso político a este respecto. Recientemente, el portavoz de deportes del Partido Popular declaró a la Voz de Galicia que "esa modificación resultaría sumamente peligrosa, porque si el equipo pierde la categoría nunca pagará y los perjudicados serán los deportistas, que no cobrarán sus salarios".

Cabría recordar que la única forma de que los futbolistas cobren íntegramente su salario es que los clubes interioricen las consecuencias económicas y deportivas de un posible impago, y ofrezcan a sus empleados un contrato que realmente puedan asumir. El enfoque correcto a este problema tiene que ver con los incentivos ex ante y no con las consecuencias ex post de la morosidad.

Según datos aportados por el propio secretario de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Carlos del Campo, cualquier empresa que se acoge a la Ley Concursal tiene una probabilidad de entrar en liquidación próxima al 85%. En cambio, en el caso del fútbol la probabilidad disminuye hasta el 10%. Con estas cifras, ¿a quién le amarga un concurso? De seguir por estos derroteros, los futbolistas adaptarán sus expectativas salariales al riesgo de default; los jugadores con mayor poder de negociación exigirán una compensación para cubrirse de la probabilidad de impago; y ello, lógicamente, afectará en mayor medida a los clubes modestos, generalmente más proclives a entrar en concurso. La situación podría agravar aún más las ya de por sí escandalosas diferencias existentes en el acceso de los clubes al talento futbolístico.

¡Cambien la Ley Concursal! Gestionar un equipo de fútbol no puede seguir siendo un ejercicio de equilibrismo con red.

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Este artículo ha sido publicado en el blog De Cigarras y Hormigas