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MADRID (EFECOM). La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se abra juicio oral contra uno de los mayores evasores fiscales de España, el empresario Juan Ramón Reparaz Maiza, para quien solicita 39 años de cárcel y una multa de 54,5 millones de euros por doce delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales.

En el escrito de acusación remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, publicado hoy, Anticorrupción también solicita elevadas penas de cárcel y multas para otros cuatro acusados, entre los que destaca el abogado Luis de Miguel Pérez, imputado en el "caso Gürtel" por crear estructuras fiscales destinadas supuestamente al blanqueo de capitales.

De Miguel Pérez, que asesoraba a Reparaz desde 1994, se enfrenta a una pena de 27 años de prisión y al pago de una multa de 37,11 millones de euros como autor de ocho delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.

Anticorrupción sostiene en su escrito que Reparaz inició en la década de 1980 la ocultación de sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública, aunque esas actividades están prescritas y sólo se le puede perseguir por las realizadas desde 1999 (de hecho, los delitos son por las declaraciones del IRPF y del Impuesto de Patrimonio entre 2000 y 2006).

Durante su trayectoria, el empresario utilizó diferentes estructuras societarias en Panamá, Belice y varios países de la Unión Europea, como Portugal, Irlanda o España, con un propósito que "no era otro que evitar el control de la Hacienda Pública, disponer del dinero defraudado del erario público sin generar sospechas y reinvertir las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se había defraudado a la Hacienda".

A través de las sociedades creadas Reparaz pudo situar en Panamá gran parte del beneficio obtenido en España con dos empresas comercializadoras de atún (la pontevedresa Transatun S.A. y la santanderina Pesquera Aquamar), según relata Anticorrupción.

Otras 17 empresas domiciliadas en varias provincias españolas y dedicadas fundamentalmente a las inversiones inmobiliarias sirvieron también en el proceso de ocultación de fondos de la actividad empresarial de Reparaz.

"Aparte de los beneficios derivados de su actividad empresarial, también se situaron en Panamá las cantidades que, como consecuencia de las maniobras de ocultación enunciadas, no fueron satisfechas a la Hacienda Pública", añade el escrito del Ministerio Fiscal.

Para evitar que las operaciones con esos países latinoamericanos fueran detectadas por la Agencia Tributaria, el empresario empleó cuentas de corresponsalía, "que fueron herramientas esenciales para disfrazar la titularidad y el territorio de origen o de destino de los flujos monetarios".

Precisamente, la actuaciones penales contra Reparaz en la Audiencia Nacional se iniciaron en 2006 tras el análisis pormenorizado de la documentación obtenida en el registro en mayo de 2000 de la sede de BBVA Privanza, que ya implicó al bufete panameño Morgan & Morgan y al madrileño De Miguel Abogados, utilizados por el empresario.

Reparaz empleaba para sus operaciones cuentas de corresponsalía de bancos como el BBV Privanza, con sede en la Isla de Jersey (Reino Unido), MMG Bank & Trust, situado en las Islas Bahamas, o el portugués Banco Espírito Santo.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público también ha pedido la apertura de juicio oral contra el principal colaborador de Reparaz entre 1977 y 2002, Antonio Mendizabal, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y a una multa de 11,4 millones como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública.

La misma pena de prisión pide Anticorrupción para el economista Leandro Kremen, antiguo empleado de la aseguradora Cahispa, que podía tener que abonar además una multa de 8,76 millones de euros.

La fiscalía considera cómplice de seis delitos contra la Hacienda Pública al abogado del despacho De Miguel Juan José Reparaz Valls, para el que pide siete años y medio de cárcel y una multa superior a 12 millones.