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BARCELONA (EP). La Asociación Unidos por La Seda acudirá este miércoles a la junta de accionistas de La Seda de Barcelona con voluntad de exigir más transparencia a la cúpula de la química y, de antemano, ya han avanzado que rechazarán el nombramiento de Miquel Roca como presidente de la junta, que votarán "no" a las cuentas del 2010 y a la política de bonus del consejo.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de los minoritarios ha explicado que rechazarán la elección de Roca no por su persona, si no porque consideran que este cargo no es necesario si se crea para exhibir más transparencia: "Implícitamente están reconociendo que no lo eran".

Los minoritarios también votarán en contra de la reelección como consejero de Luis Morlanes, ex presidente de la compañía, y sí que aceptarán la ratificación como consejeros independientes de Marco Jesi, Volker Trautz y Leslie Van de Walle.

En paralelo, manifestarán su rotundo rechazo a los "bonus millonarios" que cobrarán algunos directivos, según ellos 1 millón de euros para Morlanes, y exigirán más información sobre el papel y peso de los bancos del crédito sindicato que entraron en la empresa.

Los pequeños accionistas aprovecharán su turno de preguntas para reclamar a la Generalitat más implicación en La Seda, puesto que ya ha inyectado muchos recursos a través del ICF, para asegurar su permanencia y sus puestos de trabajo en Catalunya.

"Al final La Seda de Barcelona acabará siendo La Seda de Portugal", han afirmado, al constatar el peso que han ganado los socios lusos, con Carlos Moreira al frente.

QUERELLA

Sobre el proceso judicial, y después de la querella presentada por el fiscal Francisco Bañeres por cuatro supuestas operaciones irregulares, los minoritarios tienen previsto aportar próximamente más información para elaborar una nueva querella por otras transacciones que, en este caso, también podrían salpicar a Morlanes.

El fiscal de delitos económicos decidió hace unas semanas querellarse contra el ex presidente de La Seda de Barcelona, Rafael Español, el ex director general, Aurelio González Isla, y otros ex directivos y empresarios por ser responsables y firmar contratos en al menos cuatro operaciones en la que se aprecia delito.

En la querella, que arranca de una primera denuncia de agosto de 2009 de un socio minoritario, el fiscal pide al juez que se tome declaración a los querellados por operaciones que pudieron producir "importantes quebrantos" en el activo de la compañía y que no se correspondían con actuaciones ortodoxas ni relacionadas con el objeto social de la firma.

La primera transacción sospechosa hace referencia a operaciones de ventas de mercancía en 2008 a clientes de Rusia y Túnez que los supuestos clientes finales nunca llegaron a pagar.