Los ministros de Economía de la Unión Europea aprobarán hoy, salvo cambios de último minuto, la norma que regulará los fondos de alto riesgo ('hedge funds') pese a la oposición de Reino Unido

-Bruselas regulará en junio la actividad de las agencias de calificación de riesgos

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BRUSELAS (VP/EP). El nuevo ministro de Finanzas, George Osborne, quedará en minoría en su primera participación en un Ecofin en una cuestión que Londres considera esencial porque en la City se concentran entre el 70% y el 80% de los 'hedge funds' europeos.

La aprobación de esta norma estaba prevista para el pasado mes de marzo pero la presidencia española la retiró del orden del día, pese a contar con una mayoría cualificada, tras recibir una petición del primer ministro saliente, Gordon Brown, reclamando más tiempo. Una vez pasadas las elecciones, España quiere acordar la directiva este martes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmó este lunes que la aprobación de la directiva sobre 'hedge funds', junto con los planes de la Comisión para regular el mercado de derivados, contribuirá "a una mayor estabilidad" en los mercados financieros.

El principal punto de discrepancia es el tratamiento que debe darse a los gestores de fondos de alto riesgo basados fuera de la UE. Reino Unido reclama que, si estos gestores son autorizados por el supervisor de un Estado miembro, se beneficien de un pasaporte europeo que les permita operar en todos los países de la UE. Ello permitiría que los 'hedge funds' basados en territorios dependientes de Reino Unido como Jersey o las islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica.

Pero el texto de compromiso de la presidencia española que se aprobará el martes no contempla este pasaporte europeo a los gestores de fondos extranjeros porque el resto de Estados miembros, y especialmente Francia, se oponen. Alegan que éstos no estarán sometidos a las mismas exigencias de transparencia que impondrá la UE. Reclaman que se mantenga la situación actual, es decir, que los gestores de fuera de la UE tengan que pedir autorización en cada uno de los países en los que quieran operar.

Una vez aprobada por los Veintisiete, la norma sobre los 'hedge funds' debe negociarse con la Eurocámara, que sí está a favor del pasaporte. El objetivo es llegar a un compromiso antes del voto en el pleno en julio.

El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, aseguró que se siente "más próximo de la posición del Parlamento que de la de la presidencia española". En todo caso, dejó claro que el Ejecutivo comunitario "trabajará para conciliar" ambas posturas y buscará garantizar "la igualdad de trato entre los gestores de fondos siempre que éstos respeten rigurosamente las condiciones de nuestra legislación comunitaria".

La norma ha provocado también preocupación en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Tim Geithner, escribió una carta a Salgado y Barnier en la que expresaba su "preocupación" por considerar que directiva sobre 'hedge funds' "discriminará a las empresas estadounidenses y les denegará el acceso al mercado de la UE del que ahora disfrutan".

La norma sólo se aplicará a los gestores de 'hedge funds' con una cartera de más de 100 millones de euros. Para los gestores que no recurran al apalancamiento el límite para escapar a la regulación será más alto, de 500 millones, por considerarse que no plantean un riesgo sistémico.

Para operar en la UE, los gestores de fondos de alto riesgo deberán obtener la autorización del supervisor del Estado miembro en el que estén basados y estarán sujetos a supervisión y a controles estrictos, así como a duras exigencias de transparencia. Los supervisores tendrán todos los poderes necesarios para intervenir en caso de que el apalancamiento de los fondos suponga una amenaza para la estabilidad del mercado financiero.

Los gestores que cumplan estos requisitos tendrán derecho a gestionar y vender fondos no sólo en su propio país sino en toda la UE, es decir, se beneficiarán de un pasaporte europeo. La norma incluye además restricciones a las primas salariales que cobran los gestores. Francia considera insuficientes estos límites porque son menos estrictos que los que la normativa europea prevé para los directivos de bancos.