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VALENCIA (VP). La huelga del sector público prevista para el 2 de junio se retrasa al día 8, según acordaron ayer los tres sindicatos de la Función Pública, CCOO, UGT y CSIF-CSIF

El motivo de este aplazamiento es dar tiempo al Gobierno para que explique con detalle a qué colectivos de empleados públicos afectará el recorte salarial y también por plazos legales. Así lo aseguraron los responsables de los servicios públicos y de la ciudadanía de CC OO, Enrique Fossoul, de UGT, Rafael Espartero, y del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Miguel Borra, que advirtieron de que habrá más movilizaciones si el Gobierno no reflexiona y rectifica en esta medida que calificaron de "injusta" e "innecesaria".

Fossoul dijo que el Gobierno les ha convocado a la Mesa General de la Función Pública el próximo jueves por la mañana, para explicarles las medidas del Real Decreto que afectan al sector público que previsiblemente será aprobado ese mismo día en el Consejo de Ministros.

No obstante, los tres dirigentes sindicales mostraron su firmeza en mantener las movilizaciones del día 20 por la tarde, para que los empleados públicos puedan acudir con mayor facilidad y las convocatorias reciban más apoyo.

UGT, CCOO y CSI-CSIF anunciaron que el sindicato de policía ya se ha unido a esta manifestación a la que también están llamadas organizaciones sectoriales, como la sanidad o la enseñanza.

"El mensaje es claro. No podemos ser los más débiles los que paguemos la factura de la crisis", dijo el secretario nacional de Formación de CSI-CSIF, Miguel Borra, al tiempo que el dirigente de UGT Rafael Espartero sentenció que "rectificar es de sabios y no es posible que antes de ayer pudiéramos sobrevivir y ayer ya no".

Por su parte, Fossoul calificó de "ridículo" que el Ejecutivo no contemple un recorte salarial para las empresas estatales que mantengan convenios de negociación colectiva ya que dijo que todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y hasta la Administración General de Estado tienen convenio.
"El Acuerdo para la Función Pública firmado con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también es un convenio colectivo", apostilló.

Aseguró que el Ejecutivo ha "vulnerado el derecho a la negociación colectiva" y advirtió de que es "muy difícil" concretar a qué empleados públicos afecta el recorte salarial cuando los Presupuestos Generales del Estado para 2010 no específica colectivos y "todo es sector público".

Asimismo el dirigente de FSP-UGT Rafael Espartero también recordó que el acuerdo de la Función Pública firmado el año pasado ya contemplaba un escenario de crisis y una contención de los salarios al tiempo que añadió que "nosotros podemos ayudar a salir de la crisis pero no va vamos a ser los únicos paganos".

En la misma línea, el responsable de CSI-CSIF Miguel Borra fue contundente al puntualizar que el Gobierno "ha traspasado una línea que ningún gobierno debería haber traspasado" y dijo que la respuesta de los sindicatos será "progresiva en el tiempo" hasta que sea necesario.

"Esto no puede ser asumible", aseveró, tras mostrarse pesimista sobre que el Ejecutivo de marcha atrás.
Asimismo, los tres sindicatos tienen previsto medidas de presión como recoger firmas de todos los empleados públicos para entregarlas posteriormente en el Congreso de los Diputados. "Se trata de una movilización sostenida que irá graduándose según el nivel de agresión del Real Decreto", dijo Fossoul.