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MADRID. La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, defenderá el martes ante el Pleno del Congreso una moción en la que plantea una serie de iniciativas para "poner la economía al servicio de las personas", en la que aboga por "actuar con la máxima contundencia" contra las 659 "grandes fortunas" titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar, llevando ante la justicia todos los supuestos de presunto delito fiscal "sin excepciones" y haciendo público el listado de denunciados.

La iniciativa reclama nuevas medidas de lucha contra el fraude tributario y los paraísos fiscales, como un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales en la normativa del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, la negativa a reconocer la personalidad jurídica a las sociedades constituidas en esas regiones para actuar en España, o prohibiendo que la banca española tenga filiales en ellos.

Por otro lado, aboga por recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio para gravar a las grandes fortunas, así como fijar un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para empresas que facturen más de 100 millones de euros. En la misma línea, exige equiparar la tributación entre rentas de trabajo y capital.

IMPUESTO SOBRE EL LUJO Y TASA TOBIN

Además, propone crear un "Impuesto sobre Bienes Suntuarios" aplicable a los productos y servicios considerados de lujo, y reducir los tipos a los de primera necesidad, mientras se impulsa la fiscalidad verde o medioambiental.

ICV pide que se impulse como "verdadera prioridad política" en las participaciones en el Ecofin, el Consejo Europeo y las reuniones del G20 el impulso de un Impuesto internacional a las transacciones financieras con un calendario concreto y un tipo impositivo que disuada a los inversores financieros de realizar operaciones "únicamente especulativas".

MÁS DÉFICIT, PERO MÁS AHORRO

Junto a otras medias, como establecer la dación en pago en hipotecas, utilizar el FROB para comprar activos inmobiliarios a la banca para VPO o elevar el Salario Mínimo Interprofesional, ICV propone permitir un déficit a las comunidades autónomas superior al objetivo del 1,3% en 2011 y del 1,1% en 2013 para garantizar los recursos e inversiones necesarias en servicios sociales básicos como sanidad y educación.

Por contra, pide que se establezcan medidas en coordinación con las Administraciones Territoriales para mejorar los mecanismos de control interno del gasto público, reducir el gasto en altos cargos del conjunto de Administraciones Públicas y del Sector Público Empresarial.