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MADRID (EP/VP). El Gobierno tendrá que poner en marcha nuevas medidas centradas en el gasto para compensar el posible desvío de las CC.AA. en el cumplimiento de los objetivos de déficit y garantizar así la reducción del saldo negativo de las cuentas públicas al 6% en 2011, tal y como se comprometió con Bruselas, según diversos expertos consultados por Europa Press.

Las comunidades cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 4.995,31 millones, el 0,46% como resultado de unos ingresos que se situaron en 29.535,73 millones, un 2% menos, y de unos gastos que ascendieron a 34.531,04 millones, un 5,4% más.

La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, admitió que las CC.AA. cerraron el primer trimestre con una evolución del gasto superior al previsto, aunque se mostró convencida de la posibilidad de que los territorios cumplan y cierren el año con un déficit total del 1,3%.

Sin embargo, desde Intermoney, el director de Sector Público, César Miralles, cree que con estas cifras y con los presupuestos que han planteado las diferentes comunidades, el objetivo del 1,3% es de "difícil cumplimiento", ya que en el primer trimestre no se ha observado ningún "freno" en el incremento del gasto.

Además, Miralles cree que hay otros factores que generan "mucha incertidumbre", como la posibilidad de que afloren déficits ocultos tras la formación de los nuevos gobiernos en las comunidades y unas previsiones de ingresos y de PIB que parecen "muy optimistas".

En este contexto, Miralles ha asegurado que el Gobierno tendrá que coordinar nuevos recortes en las comunidades, sobre todo en aquellas que incumplen "claramente" los objetivos, aunque también puede tomar medidas a nivel estatal que afecten a todos los territorios, como una nueva bajada de sueldos a los funcionarios.

A su parecer, son "necesarias" medidas "serias" para recortar el gasto porque no es "deseable" aumentar la presión fiscal en estos momentos y hay que reducir "sí o sí" el déficit público al 6% para evitar una situación que podría ser "complicadísima" y generar una turbulencia similar a la de Portugal y Grecia.

En esta misma línea se ha mostrado Juan Rubio desde Fedea, quien está convencido de que pasará "algo" estos meses porque es necesario reducir el déficit público al 6% al cierre del ejercicio para evitar un "coste altísimo" para el Estado.

En concreto, ha asegurado que espera alguna medida con carácter retroactivo porque el país está ya "fuera de tiempo" y ha coincidido con Miralles en que una nueva rebaja del sueldo de los funcionarios sería una de las posibilidades para obligar a las comunidades a recortar el gasto.

¿NUEVAS SUBIDAS DE IMPUESTOS?

Rubio, además, no ha descartado nuevas subidas de impuestos porque España tiene una presión fiscal muy baja, y ha apostado por sacar de las manos de los políticos la política fiscal y ligarla más a comisiones de expertos, tal y como ocurre en otros países europeos y como en su día se hizo con la política monetaria.

Por su parte, el director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, ha admitido que ve un riesgo de desviación "importante" en las comunidades, lo que, a su parecer, supone un "contratiempo y una señal muy negativa para los mercados" y obligará a los gobiernos autonómicos a ser "muy austeros y comprometidos".

EL ESTADO NECESITA UN 'PLAN B'

Además, la administración central tendrá que ser "muy cautelosa" porque es posible que tenga que compensar la desviación autonómica con nuevas medidas que, en cualquier caso, tendrán que ligarse a la vía del gasto y "bajo ninguna circunstancia" al incremento de ingresos con nuevas subidas fiscales que retrasarían la recuperación.

Izquierdo ha admitido que pueden aparecer cifras de déficit no reconocido en algunas comunidades tras las elecciones del pasado 22 de mayo, y ha resaltado la importancia de que el Estado cuente con un plan de contingencia por si finalmente las comunidades no cumplen el guión y la administración central tiene que asumir sus desviaciones.