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MADRID (EP). Abertis y OHL lideran los dos únicos consorcios que han presentado oferta para hacerse con los contratos de concesión de dos autopistas que privatiza Puerto Rico, según informó la sociedad pública encargado de este proceso de contratación.

El grupo de infraestructuras participado por 'La Caixa' y ACS opta a este contrato en consorcio con Goldman Sachs, mientras que OHL lo hace con Morgan Stanley.

El contrato consiste en la financiación, mejora y gestión durante un periodo de entre cuarenta y cincuenta años de las autopistas PR-22 y PR-5, las que más ingresos generan de las seis que actualmente gestiona la Autoridad de Carreteras y Transportes (ACT) de Puerto Rico.

La PR-22, de 84 kilómetros de longitud, es la vía más transitada, con un total de 25,8 millones de vehículos en 2009. Cruza el Norte de Puerto Rico desde el Este (San Juan) hasta el Oeste (Arecibo).

La autopista cuenta con siete estaciones de peaje, dotadas con sistemas de pago electrónico. Su concesión incluye la gestión de la autopista adyacente PR-5, de 8 kilómetros de longitud.

Abertis y OHL han presentado ya sus respectivas ofertas a Puerto Rico Public-Private Partnership Authority (PPPA), sociedad encargada de la privatización, que a partir de ahora las analizará con el fin de tomar una decisión este mes de junio y que la empresa adjudicataria asuma la gestión de las vías en el último trimestre del año.

En caso de resultar adjudicatario de la concesión, OHL reforzaría su negocio concesional, con el que ya tiene una importante presencia en América, fundamentalmente en Brasil y México.

Por su parte, Abertis ya está presente en Puerto Rico, donde gestiona un puente. El grupo, que cuenta con autopistas en Chile y Argentina, contempla Norteamérica como uno de sus principales mercados estratégicos.

La Administración de Puerto Rico indicó en un comunicado que la empresa adjudicataria deberá realizar una "significante inversión" en la rehabilitación de la vía, prestar un servicio con "un riguroso nivel" de calidad y seguridad, todo ello con la tarifa "más favorable posible" para el ciudadano.