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MADRID (EFE). El Gobierno español presentará nuevos recursos ante la justicia europea si la UE sigue adelante con su proyecto de patente unificada, que España considera discriminatorio para el español, anunció este lunes el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.

España presentó ayer un primer recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de emplear el sistema de la cooperación reforzada para avanzar en la creación de una patente común, de la que quedarían excluidos España e Italia por su oposición al régimen lingüístico de la misma.

Tras la presentación de este primer recurso contra la forma -el método "excluyente" y "discriminatorio" elegido por la UE para avanzar sobre este asunto-, López Garrido anunció que el Gobierno presentará "en el futuro recursos de anulación" sobre la sustancia, si la UE sigue adelante con el desarrollo de los reglamentos de la patente.

"Estamos recurriendo una decisión del Consejo que todavía no ha sido desarrollada por normas. Cuando eso se convierta en normas directas, que produzcan efectivamente esa discriminación, será el momento de pedir la suspensión", explicó.

López Garrido confirmó que Italia ha presentado ya otro recurso ante la Justicia europea y estimó que el tribunal "seguramente acumulará esos recursos en un procedimiento común", aunque cada uno lo haya hecho por su cuenta, "con arreglo a su derecho y a la forma de entender el derecho europeo".

La idea de una patente unificada que permita proteger las invenciones europeas en un solo paso, en vez de tener que registrarlas en cada país, ha sido un objetivo de la UE durante décadas, ante el convencimiento de que supondría un importante ahorro para las empresas y fomentaría la innovación.

Según datos de la Comisión Europea, una patente europea validada en trece países puede costar hasta 20.000 euros, de los cuales casi 14.000 corresponden a gastos de traducción, mientras que registrar un invento en Estados Unidos asciende a 1.850 euros.

Sin embargo, este objetivo europeo ha estado salpicado de dificultades en torno al régimen lingüístico de la patente, al que se oponen España e Italia por considerar que discrimina a sus lenguas vernáculas en favor del inglés, el francés y el alemán.

Paralelamente al recurso español, la CE sometió ayer a debate de los Veintisiete una propuesta alternativa para una corte de patentes, con objeto de superar el nuevo obstáculo surgido el 8 de marzo cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró que el sistema judicial diseñado para resolver los litigios de patentes es incompatible con el derecho comunitario.

La Comisión propuso crear un tribunal especializado en patentes mediante un acuerdo intergubernamental entre los países de la UE que quieran participar, en el que quedarían excluidos los países no europeos como Suiza que actualmente forman parte del Convenio de Munich.

López Garrido también criticó la propuesta de la Comisión para resolver el pilar judicial de las patentes, por considerar que está "absolutamente en contra de lo que decidió recientemente el Tribunal de Luxemburgo".

Otras delegaciones como Francia o Luxemburgo expresaron asimismo sus dudas sobre el pilar judicial, pero anunciaron su disposición a seguir trabajando sobre ese aspecto.

Eso no impidió que la presidencia de turno de la UE, ocupada este semestre por Hungría, anunciara su intención de llegar a acuerdos sobre los otros dos reglamentos de la patente en una reunión extraordinaria del Consejo de Competitividad que se celebrará el próximo 27 de junio en Luxemburgo.