Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Presupuesto de 2016 sale del Congreso tras 585 votaciones sin incluir ninguna enmienda de la oposición
• Fomento certifica que la vivienda sube por vez primera desde 2008
• La banca amplía en 3.000 viviendas la aportación al fondo social

VALENCIA (VP). Cerca de 230.000 funcionarios valencianos sufrirán los recortes de al menos el 5% de sus salarios, según el plan de reducción del gasto anunciado hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La Comunitat Valenciana será la cuarta región más afectada por esta medida, puesto que ocupa esta posición en el ‘ranking' por número de trabajadores públicos.

En total, son 229.755 los funcionarios que trabajan en la Comunitat, según los datos más recientes (marzo del año pasado) obtenidos al cruzar los datos del censo de población del INE y los del Ministerio de Administraciones Públicas.

De estos, 35.508 pertenecen a la Administración central, 128.764 a la autonómica, 59.486 a la local y 5.997 a las universidades.

Dentro del grupo más numeroso, el que depende del Gobierno autonómico, aproximadamente 54.000 forman parte de la estructura sanitaria regional y mas de 40.000 de la educativa.

Las regiones con mayor número de funcionarios son Andalucía, con 489.754, Madrid con 414.496 y Cataluña con 291.210. En el conjunto del país hay alrededor de 2,6 millones de funcionarios, de los que aproximadamente 560.000 corresponden a la Administración central, 1,3 millones a las autonómicas, 620.000 a los ayuntamientos y unos 100.000 a las universidades.

Por otra parte, Extremadura es la comunidad autónoma con más funcionarios por habitante, ya que ocho de cada cien extremeños trabaja en la Administración Pública, una cifra que duplica a la de los catalanes, por ejemplo. La Comunidad Valenciana, por su parte, tiene al 4,56 por ciento de sus habitantes en las distintas administraciones -229.755 trabajadores-.

En el hipotético caso de que la Comunitat Valenciana o alguna otra de las gobernadas por el PP decidiese no aplicar las restricciones salariales anunciadas hoy por el presidente del Gobierno (de forma similar a algunas iniciativas contra la aplicación de la subida del IVA) habría que tener en cuenta el precedente que se dio a finales de 1996, cuando una congelación salarial aplicada por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, quiso ser desoída o desobedecida por la Junta de Andalucía.

En aquel momento ya quedó patente que las retribuciones de los funcionarios vienen impuestas a las autonomías por el Gobierno central a través de la Ley de Presupuestos, por lo que no sería posible ningun tipo de rechazo por parte de las comunidades autónomas