Opiniones encontradas entre expertos, empresarios y analistas sobre el plan de ajuste del Gobierno. El Consell se resiste a aplicar ajustes salariales a sus miebros, al contrario que otras autonomías que ya han anunciado recortes salariales entre sus consejeros

-La opinión del decano de los economistas

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VALENCIA (VP). Como la pólvora corrió ayer por las comunidades autonómicas españolas las reacciones al plan de medidas aprobado por el Gobierno para reducir el déficit público. Como en otros tantos asuntos, las actitudes de unos y otros gobiernos autonólmicos se agruparon en función de su color político. De este modo, las comunidades gobernadas por gobienros socialistas o cercanos a este partido anunciaron recortes en los salarios de sus propios consejeros autonómicos. Por el lado contrario, Valencia, como Baleares, Murcia, Galicia y otras, obviaron hablar del tema y centraron su discurso en la crítica al plan del Gobierno.

En otros sectores sociales, las reacciones fueron diversas. Así, en opinión del decano del Colegio de Economistas de Valencia, Leopoldo Pons, la decisión anunciada por el presidente del Gobierno "pone encima de la mesa un plan de actuaciones que distingue cuatro aspectos diferentes, las medidas para la reducción del déficit del 10% al 3%, el acuerdo con el PP para la reestructuración de las cajas de ahorro, la necesidad de reformar el mercado laboral y la reforma de las pensiones".

"Los cuatro escenarios marcados son importantes, ya que el recorte del déficit acomete de una forma indirecta un proceso de racionalización y de eficiencia en el sector publico español, pero el verdadero problema está en nuestra situación estructural: un mercado laboral propio del tercer mundo en el que no sólo están implicadas las importantes cargas del subsidio del desempleo y las pérdidas de la financiación de la seguridad social, sino también el efecto recaudación del propio IRPF", añade Pons.

Pons afira que "es preciso eliminar el mercado dual español en el que aparentemente tenemos una legislación de máxima protección, la de los contratos indefinidos, cuando en realidad estamos ante un mercado con fuerte inestabilidad".

"Este programa deberá extenderse a otras áreas como es el escenario de las comunidades autónomas, su déficit presupuestario económico, la geografía de las corporaciones locales y su comportamiento desestructurado".

El decano de los economistas valencianos concluye que "toda política económica en situaciones de máxima gravedad debe centrarse en los pilares que de una manera general asegurarían su feliz efecto: diagnóstico correcto de la situación, pensemos una y otra vez en el mercado laboral, pronóstico acertado de lo que va a ocurrir en el inmediato futuro, atención al paro de los meses próximos, control eficaz del déficit y percepción acertada de cómo y cuando responderán los agentes económicos en liza".

En opinión de Juan Velarde, catedrático de Economía, consejero del Tribunal de Cuentas  y premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, que ayer por la tarde estuvo en Valencia presentando la  publicación 'El Futuro de la Economía Española' editada por la Fundación Cajamar, "las medidas del Gobierno han venido provocadas por la presión internacional para evitar un derrumbamiento del sistema económico. Las medidas no son malas, pues van a ralentizar la caída de la economía española".

"Tampoco veo que vayan a traer ninguna mejoría para el país, porque deberíamos adoptar medidas microeconómicas, no macroeconómicas. Hay demasiados intereses regionales, debereíamos unificar políticas. El problema era tan grave que hemos estado bordeando un auténtico crash financiero", asegura.

Según el catedrático, para que la situación económica del país mejore es necesario adoptar medidas microeconómicas dirigidas a incrementar la competitividad, las cuales son "desagradables" y "hieren intereses, pero hay que hacerlas".

El economista ha puesto como ejemplo la homogeneización del mercado interior español, que, según Velarde se ha "roto" por las diferentes políticas económicas que implementan las Comunidades Autónomas, las cuales deberían estar coordinadas por un organismo central, según ha señalado.

Velarde también se refirió al "parón nuclear" y aseguró que el "miedo" de los españoles hacia la energía nuclear "científicamente no está basado en nada", por lo que "habría que vencerlo".

LOS EMPRESARIOS RECLAMAN AUSTERIDAD

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Castellón, Salvador Martí, insistió en que "para reducir el déficit es necesaria austeridad, austeridad y más austeridad".

"Desde la Cámara venimos proponiendo desde hace meses una reducción del gasto público. Por ello, el anuncio hoy de las medidas para el recorte de gastos es una buena noticia. El ama de casa bien lo sabe: hay que apretarse el cinturón para llegar a fin de mes".

En su opinión, "las Administraciones, todas, deben ser consecuentes y pensar en el futuro. No siempre se ha hecho una gestión responsable de las arcas públicas porque no se pensó que llegarían las vacas flacas también para las administraciones".

"Valoro positivamente medidas como que el Ejecutivo reduzca su sueldo en un 15%, sin embargo, habría que analizar bien las consecuencias de reducir la productividad en el sector público, en servicios esenciales como la educación o la sanidad. Hay soluciones posibles, como un sistema de copago en la sanidad, para evitar abusos", concluye Martí

LOS SINDICATOS ADVIERTEN DEL EMPOBRECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES

En el otro extremo se sitúan las consideraciones de los trabajadores, como las de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F), cuya delegación en la Comunitat Valenciana exigía la dimisión del presidente de Gobierno "por su incompetencia".

"España no aguanta más a un presidente incapaz, que falta a la verdad y que hace lo contrario de lo que dice. Las medidas anunciadas por Zapatero reducen salarios y pensiones y empobrecen a los trabajadores, su gestión ha fracasado porque carece de política económica", señalaron desde el sindicato que preside Daniel Matoses.

EL CONSELL CREE QUE LAS AUTONOMÍAS NO TIENEN LA CULPA

Lógicamente, también el Consell se sumó a las críticas más feroces. El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, aseguró que las comunidades autónomas no son las causantes del aumento del déficit que tiene el Estado, y por tanto, dijo, "no tienen que pagar las consecuencias de su mala gestión y de su política de despilfarro".

Gerardo Camps afirmó en un comunicado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "está poniendo en peligro la cohesión social" y es "el gran recortador" de derechos.

El conseller destacó que las autonomías han pasado de tener hace tres años un déficit del 0,2% "a situarse hoy en el 2,2%". Sin embargo, subrayó, "el Gobierno Central ha pasado de una situación de superávit hace tres años, a más de nueve puntos y medio de déficit".

"Las cifras evidencian que quien ha gastado más de lo que ingresaba, es decir por encima de sus posibilidades, es la Administración General del Estado", indicó el vicepresidente económico, quien recalcó que ahora el Gobierno central pretende, con las medidas para reducir el déficit presentadas hoy, que las autonomías "seamos corresponsables de sus errores".