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MADRID (AGENCIAS). La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha multado a las principales compañías eléctricas y a la patronal del sector, Unesa, con 61,1 millones de euros por infringir la normativa de defensa de la competencia, al obstaculizar el cambio de comercializador en el mercado libre y tratar de fijar precios a los grandes clientes tras la desaparación de las tarifas reguladas.

Esta multa es la segunda mayor de las impuestas en la historia de la CNC, tras la de 120 millones impuesta en noviembre de 2009 a seis aseguradoras por hacer un cártel para fijar precios mínimos en el seguro decenal de daños a la edificación de viviendas.

En la resolución en la que recoge las multas a las eléctricas, el organismo presidido por Luis Berenguer impone multas de 26,6 millones a Endesa, de 21,6 millones a Iberdrola, de 8,8 millones a Gas Natural Fenosa, de 1,8 millones a HC y de 1,42 millones a E.ON España.

Además, multa con 900.000 euros a la patronal eléctrica, Unesa, tras considerar que en su seno no sólo se acordó dificultar el acceso a terceros de los cambios de suministrador, sino también la fijación de precios a grandes clientes.

La CNC considera que "las cinco principales empresas eléctricas del país son responsables de sendas infracciones a la normativa de defensa de la competencia" por haber "obstaculizado" el cambio de comercializador y "haber tratado de fijar precios a los grandes clientres en el mercado de la desaparición de las tarifas eléctricas".

Esta resolución es el resultado de una denuncia presentada en junio de 2009 por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) acerca de la suspensión por parte de Endesa e Iberdrola de la gestión telemática de solicitudes de baja tensión y el corte de operaciones.

Estas prácticas se realizaron en "un momento importante" para la comercialización eléctrica, ya que un mes después, en julio, desaparecían las tarifas reguladas para los grandes clientes y los pequeños podían elegir entre el mercado libre y el precio fijado por el Gobierno.

En sus pesquisas, la Dirección de Investigación de la CNC descubrió que el resto de las principales eléctricas también había adoptado prácticas similares, por lo que incoó un expediente y promovió unas medidas cautelares que fueron aplicadas el 1 de julio de 2009.

RECHAZO DE DATOS.

En la primera de las infracciones, las eléctricas acordaron negar datos a las comercializadoras independientes para dificultarles el acceso a información sobre clientes, a pesar de que la ley les permitía tenerla. El objetivo era "retrasar el acceso y coordinar el corte de las operaciones de gestión de las solicitudes de paso a mercado libre", señala la CNC.

Estas actuaciones se produjeron "en el seno de Unesa", que representa a las cinco eléctricas con un 99% de la electricidad comercializada a clientes domésticos. Fue también al abrigo de la patronal donde se "habrían acordado los precios y otras condiciones comerciales para los grandes clientes" de electricidad.

PRÁCTICAS "MUY GRAVES".

La CNC considera acreditadas estas prácticas, a las que califica de "muy graves", ya que afectan a unos servicios cuyos clientes muestran "mucha inercia" y en los que existen elevados costes de acceso, tanto para los clientes como para los comercializadores independientes.

"En este contexto, cualquier obstáculo adicional que se genere artificialmente por los operadores incumbentes favorece la permanencia del cliente en el grupo de electricidad al que viene conectado", asegura, antes de indicar que, "por ello, tales conductas tienen el efecto de elevar las barreras de entrada al mercado".

La "concertación" entre las eléctricas "reduce la intensidad competitiva" y muestra que estas empresas se dedicaron a captar clientes para el mercado libre sobre todo en las zonas en las que tenía especial presencia la distribuidora del grupo, señala.