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NUEVA YORK (EP). El analista español Juan José Fernández García, ex empleado del Santander que había sido acusado por la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) junto al también español Luis Martín Caro Sánchez de haberse enriquecido a través del uso ilegal de información privilegiada, ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con la CNMV estadounidense para pagar 626.000 dólares (427.995 euros) a cambio de cerrar el caso, informó el supervisor.

El acuerdo, que aún debe ser autorizado por el juez federal del Distrito Norte del Estado de Illinois, Marvin J. Aspen, supone el pago de una multa de 50.000 dólares (34.182 euros) además de la devolución por parte de Fernández García de los 576.033 dólares obtenidos al operar ilegalmente en su propio beneficio con información privilegiada referida a la oferta de compra lanzada por la minera BHP Billiton sobre PotashCorp, en la que el Santander participaba como asesor.

"Así concluye nuestra acción contra García y se demuestra que la Comisión actuará de forma decidida para evitar que los ciudadanos extranjeros que cometan fraude en los mercados de valores de EEUU puedan recoger las ganancias de sus actividades ilegales", subrayó el director de la división de Abusos en los Mercados de la SEC, Daniel M. Hawke.

En el caso del otro ciudadano español acusado en el mismo proceso, Luis Martín Caro Sánchez, el supervisor estadounidense indicó que los cargos aún están en vigor al no haberse alcanzado todavía un acuerdo.

El 20 de agosto de 2010, la SEC presentó un denuncia contra los dos ciudadanos españoles por un presunto uso de información privilegiada que permitió a los acusados obtener un beneficio ilícito de 1,1 millones de dólares (752.250 euros) durante la oferta de compra lanzada por BHP Billiton sobre PotashCorp el 17 de agosto de ese mismo año.

En aquellas fechas, Juan José Fernández García desempeñaba el cargo de responsable de productos derivados europeos del Banco Santander, que actuaba como entidad asesora de BHP en la operación.

Así, la CNMV estadounidense explicó que los dos españoles reunieron 61.000 dólares (41.720 euros) con la finalidad de adquirir acciones de Potash justo antes de que se hiciera pública la intención de BHP de hacerse con la compañía y que, tras el anuncio, vendieron los títulos obteniendo un "beneficio ilícito".