El recorte supondrá un ahorro de 16 millones de euros anuales

-Así es el bisturí administrativo del Gobierno

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MADRID / (EUROPA PRESS). El Consejo de Ministros ha probado este viernes la supresión de 32 altos cargos de la Administración y 29 empresas públicas de las 106 con participación mayoritaria del estado, en el marco del plan de racionalización del sector público que se incluye en el Plan de austeridad para reducir el déficit a niveles más cercanos al 3%.

Según indicó la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ahorro directo previsto es de 16 millones de euros anuales, aunque éste será mayor una vez se contabilice al final del año a través del ahorro en gastos asociados a los cargos suprimidos.

El acuerdo incluye la supresión de 32 altos cargos -casi un 10% de los 343 existentes-, entre los que se encuentran una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos con rango de dirección general, al mismo tiempo que se crea una nueva dirección general que viene a sustituir a las dos suprimidas en el Ministerio de Igualdad.

Estos cargos no tienen en cuenta miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores ni secretarios de Estado, cuyo recorte se hará cuando acabe la presidencia española de la UE, a principios de julio.

Los órganos suprimidos en los distintos ministerios son, entre otros, la Dirección General de Política Económica (Presidencia del Gobierno), la Dirección General de Secretariado del Gobierno (Ministerio de la Presidencia), la Secretaría General de Financiación Territorial (Economía y Hacienda), la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Justicia) y la Dirección General de Comunicación de la Defensa (Defensa).

Además, el plan suprime la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales (Interior), la Dirección General de Planificación (Fomento), la Dirección General de Relaciones Internacionales (Educación), la Dirección General de Servicios (Trabajo e Inmigración), la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Industria) y otros órganos de los ministerios de Agricultura, Cultura, Sanidad, Ciencia e Innovación e Igualdad.

El Gobierno, a iniciativa de los correspondientes ministerios, acometerá estos cambios en un plazo no superior a los tres meses. Por otra parte, antes del 31 de diciembre del presente año se culminará la reordenación del sector público empresarial y se acometerá la racionalización de las fundaciones públicas, así como una reducción de los representantes de la AGE en los consejos de administración de las sociedades estatales y, por último, una reducción de los órganos colegiados existentes.

REDUCCIÓN DEL 27% DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Así, para racionalizar el sector público empresarial, se han eliminado un total de 14 empresas mercantiles de propiedad estatal y se han fusionado 24, que pasan a ser nueve, lo que supone en total 29 empresas menos y una reducción del 27% en las empresas con participación mayoritaria del Estado.

Además, se suprimen 80 cargos directivos y 450 puestos de consejeros en las empresas públicas y entidades públicas empresariales con más de seis miembros en el Consejo de Administración, lo que supone reducciones del 10% y del 15%, respectivamente.

Más concretamente, estos ajustes supondrán la amortización de 150 consejeros en empresas públicas, que deberá formalizarse antes del próximo día 31 de julio, y la reducción de 36 cargos directivos, que ha de surtir efecto con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

La misma reducción en el número de directivos y consejeros aplicada a las empresas públicas se extiende también, en los mismos plazos temporales, a otras entidades públicas empresariales. En este caso, en los consejos de las autoridades portuarias, el número de consejeros se reducirá en un 40%. Con estas reducciones se amortizarán un total de 300 consejeros y se reducirán 40 puestos directivos.

En el ámbito del Grupo Patrimonio, estas operaciones se concentran en las Sociedades de Aguas, pues de las 10 existentes, ocho se fusionan en tres; en las de Infraestructuras Agrarias, que se reducirán a una respecto a las cuatro existentes en la actualidad; y en las Sociedades Culturales, donde una única empresa aglutinará las tres actualmente operativas.

Además, en este grupo, la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI) se integrará en la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). En el grupo de Fomento, dos de sus empresas se convertirán en una y dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la concentración afectará a dos filiales de Tragsa, que se agruparán en una, y a las firmas Infoinvest, S.A., Sepides e Ingruinsa, que conformarán una nueva sociedad.

ES UNA CUESTIÓN DE EFICIENCIA MÁS QUE DE AHORRO

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, realizará un seguimiento permanente de la aplicación del plan y elevará un informe sobre el mismo al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2011.

De la Vega resaltó que se trata de "medidas rotundas", y aseguró no tener "la más mínima duda de que la economía española hará bien los deberes" y confió en la Administración General del Estado (AGE) "para seguir desempeñando sus tareas". "Va a haber más trabajo con menos recursos humanos", aseguró.

Por su parte, Salgado afirmó que el ahorro directo de este programa de recortes será de 16 millones anuales, a los que habría que sumar la reducción de los costes asociados a la actividad de las instancias y cargos suprimidos, cuyo importe solo se podrá calcular a finales de año. En cualquier caso, la vicepresidenta económica del Gobierno aseguró que "el ahorro es más un ahorro en cuestión de eficiencia".

Por otro lado, Salgado aseguró que estos recortes no prevén otras reducciones de personal en el seno de la Administración" y agradeció la colaboración de los ministerios a la hora de minorar el gasto. Así, preguntada por si ha habido algún tipo de resistencia por parte de algún ministerio, Salgado afirmó: "Resistencia ninguna".

Por último, la vicepresidenta económica del Gobierno indicó que el Ejecutivo no va a "forzar" a comunidades autónomas y ayuntamientos a llevar a cabo recortes parecidos, ya que ellos supondría "inmiscuirse" en sus competencias.