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VALENCIA PLAZA. La decisión de S&P de rebajar la calificación crediticia del Reino de España es el resultado previsible del modelo de aproximación que están realizando las autoridades económicas españolas a los graves problemas de la economía, dominado por la pasividad, cuando no de su incomprensión de cómo tiene lugar el funcionamiento de los mercados financieros en un sistema cuya razón última de su existencia es la maximización de beneficios.

Esta situación no es sólo resultado de las turbulencias financieras que tan bien están aprovechando los inversores expertos. Es consecuencia de una gestión del gasto público, del Estado y de las Comunidades Autónomas a las que nunca se menciona, irresponsable y en las antípodas de las recetas que se han venido preconizando durante años. No cabe la sorpresa en el caso España y quienes tan alegremente han despilfarrado recursos no deben ahora sorprenderse del aumento del coste de endeudarse al que se enfrenta España e, indirectamente, las empresas españolas.

Que España no es Grecia, como no se cansa de repetir la vicepresidenta Salgado, lo sabe bien la agencia de calificación que en modo alguno ha equiparado la solvencia de ambas economías. Pero la evolución del diferencial es clara evidencia no del poder de influencia de S&P sino de que los inversores internacionales no se creen el plan de reducción del déficit diseñado por ella. A la vista de ello, y de la evolución del mercado bursátil, sería conveniente, pues, que tomara nota de ello. La factura de los excesos está por pagar en España y al gobierno le corresponde, no en solitario pero sí en primer lugar, establecer cómo se va a abonar el resultado de tanto exceso. Porque empeñarse en repetir que tiene un Plan que nadie se cree está visto que sólo conduce a agravar los problemas.