25/03/2011 Salgado señala que la reforma requeriría "imponer" con una norma de "rango de ley" un modelo de contratación "restrictivo de la autonomía de la voluntad de las partes" y que, además, repercutiría en un incremento del coste del acceso al crédito hipotecario de los ciudadanos

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MADRID (EP). El Gobierno considera que la imposición de un modelo de dación en pago en los préstamos hipotecarios, que permitiera saldar la deuda sólo con la entrega de la vivienda, tendría un "impacto directo muy profundo" sobre el sector financiero, al reducir el valor de la garantía inmobiliaria en España, "tradicionalmente muy cualificada" precisamente porque incluye la garantía inmobiliaria y personal. Además, aduce que ese nuevo sistema limitaría "autonomía" de las entidades para decidir "libremente" las condiciones de los préstamos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, preguntó sobre esta cuestión el pasado miércoles en el Pleno al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los republicanos aseguran que, después del debate, el jefe del Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de estudiar el asunto en el ámbito parlamentario. Después, el PP anunció su intención de impulsar la creación de una subcomisión a tal efecto.

En cualquier caso, el Ejecutivo ya ha explicado su posición respecto a esta propuesta en una respuesta parlamentaria a la diputada de ICV en el Congreso, Nuria Buenaventura, a la que ha tenido acceso Europa Press.

MUCHOS FACTORES

Así, sin llegar a rechazarlo tan tajantemente como el miércoles hizo la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el Gobierno destaca que habría que valorar un "amplio conjunto de factores" a la hora de estudiar la implantación de este sistema.

En este sentido, señala que la reforma requeriría "imponer" con una norma de "rango de ley" un modelo de contratación "restrictivo de la autonomía de la voluntad de las partes" y que, además, repercutiría en un incremento del coste del acceso al crédito hipotecario de los ciudadanos.

No obstante, no aporta cifras sobre su impacto sobre el sistema financiero y se remite al informe que la Cámara Baja le encomendó en junio del pasado año. Entonces, el Congreso aprobó, con el voto en contra del PSOE, una iniciativa de ICV que daba tres meses de plazo al Ejecutivo para redactarlo, pero ahora, nueve meses después, el Ejecutivo se limita a señalar que sigue "en proceso de elaboración" y que lo presentará "tan pronto como lo concluya".

"COMPLETAMENTE LEGAL" PERO "PRÁCTICAMENTE INEXISTENTE"

En cualquier caso, la respuesta parlamentaria indica que el ordenamiento español no impide la contratación de préstamos hipotecarios cuya obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados, si bien, pese a su "completa legalidad", es "prácticamente inexistente" la oferta de las entidades de este tipo de préstamos con responsabilidad limitada.

Esto es así por el "principio de autonomía" de la voluntad de las partes, ya que los contratos de préstamo hipotecario son "consensuales" y las entidades financieras "deciden libremente con quién contratan y las condiciones en que lo hacen", según el Gobierno.

Asimismo, se apunta que la "tendencia a la uniformidad" del mercado financiero explica la "estandarización generalizada" de los préstamos hipotecarios bajo la fórmula de "responsabilidad personal e ilimitada del deudor".

TRANSPARENCIA, SOLVENCIA Y EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Por otro lado, y aunque Zapatero ha asegurado que está dispuesto a tomar nuevas medidas para facilitar el pago de la hipoteca a aquellos que sufren las dificultades más "graves" provocadas por la crisis económica, el Gobierno considera "suficientes" las ya adoptadas para prevenir y reducir las consecuencias del sobreendeudamiento.

En concreto, señala que se ha actuado en distintos frentes, como son la transparencia, solvencia y procedimientos de ejecución hipotecaria y que todas las medidas "debe conjugarse" con el respeto al principio "de la libertad de contratación", que permite a prestatarios y entidades contratar productos adecuados a sus intereses.