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PARIS (VP/EP). Los retrasos en la edad de jubilación ya aplicados en varios países no serán suficientes quizás para cubrir el coste de las pensiones futuras, estimó hoy la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en un informe que, sin embargo, no tiene en cuenta las reformas más recientes.

En 2050 la edad media legal para poder acceder a los derechos de cobrar una pensión alcanzará los 65 años, pero el incremento de la esperanza de vida será mayor que el retraso aplicado en la edad de jubilación, advierten los autores del informe.

Según el estudio, para que la edad real media de jubilación -inferior a la edad legal al menos hasta 2007, según la OCDE- evolucione al mismo ritmo que el incremento esperado de la esperanza de vida, aquélla debería situarse en torno a los 66,5 años para los hombres y casi en los 66 para las mujeres. "Eso indica el nivel del desafío al que se enfrentan los Gobiernos", advirtieron los autores del informe.

Cinco países -Hungría, Italia, Corea del Sur, Turquía y el Reino Unido- son los únicos que, a juicio de los autores del informe, han aumentado la edad legal de jubilación "suficientemente" para estabilizar o reducir la duración esperada de la jubilación entre 2010 y 2050.

Aunque los responsables de la OCDE reconocieron que el informe no contiene datos actualizados más que hasta finales de 2009 y por tanto se excluyen las reformas de países como Grecia, España y Francia, que las anunciaron en los últimos meses.

Conforme por tanto a los datos contrastados de las reformas en vigor en los Estados analizados, la media de duración de la jubilación en los países de la Organización para la Coooperación y el Desarrollo Económico será en 2050 de 22 años.

Debido al aumento de la esperanza de vida, ése es el período medio que una persona estará jubilada desde que salga del mercado de trabajo y se estira hasta los 27 años en los casos extremos de Italia y Francia, mientras que belgas y luxemburgueses llegarán a los 26 años.

En España, la duración estimada de la jubilación será de 23 años, mientras que el mínimo se registrará en Estados Unidos, Portugal y Japón, con sólo 21 años.

Según los datos del informe, la población activa alcanzará un máximo en los países de la OCDE alrededor del año 2015 y se reducirá en un 10% entre ese año y 2050.

El estudio presentado hoy en París tiene en cuenta los datos de los 34 miembros de la OCDE más los de los siguientes: Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Brasil, China, Rusia, India e Indonesia.

Los expertos llaman la atención sobre el dato de que las prestaciones para los sectores de la población más vulnerables tienen tendencia a reducirse y advierten de que las reformas aplicadas desde principios de los años 90 del pasado siglo han reducido aquéllas.

En concreto, en un 20 % de media, y la OCDE llama la atención por los casos de Alemania, Estados Unidos, Japón y Reino Unido porque en esos países los jubilados que han tenido menor remuneración durante su vida laboral sólo perciben, una vez retirados del mercado del trabajo, aproximadamente la mitad del salario que tenían.

"No podemos correr el riesgo de asistir, mañana, a una agravación de la pobreza de las personas mayores", declaró a propósito del estudio el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría.

"Aumentar la edad de jubilación sólo resuelve una parte del problema", añadió Gurría, quien advirtió además de que los Estados deben actuar para eliminar las discriminaciones vinculadas con la edad en el mercado de trabajo.

Y eso se hace, añadió, "previniendo posibilidades de formación para los 'seniors' y mejorando sus condiciones de trabajo (...) de manera que los empleadores se adapten a una mano de obra que envejece".

El informe señala además que las prestaciones por jubilación de origen público constituyen actualmente la "piedra angular" de las rentas de las personas de más edad, ya que alcanzan de media el 60 %; el 40 % restante procede de otra actividad, de pensiones privadas o de otras formas de ahorro.

La OCDE estima que a medida que las prestaciones públicas disminuyan como consecuencia de las reformas que ya se aplican, será necesario intervenir en el ámbito de las pensiones privadas y el ahorro para compensar la diferencia.