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VALENCIA (VP). Primero fue liquidada por orden judicial Riviera Coast Gestión. Y ahora lo será Riviera Coast Invest, al no alcanzar el 50% de adhesiones de acreedores que exige la ley concursal para cualquier propuesta de convenio. Se trata de las dos sociedades principales del holding inmobiliario alicantino Riviera Coast, cuyo equipo directivo -con su presidente, el conocido empresario de origen argelino pero afincado en Benidorm, Roch Tabarot, al frente- fuera detenido en septiembre de 2008 por un presunto delito de apropiación indebida. La empresa de la familia Tabarot, de origen argelino, creció a la sombra del boom de Benidorm, en negocios inmobiliarios y de juego. Una hermana de Tabarot, Michèlle, es diputada de la Asamblea Francesa.

El 'caso Riviera Coast' estalló a finales de 2008 después de una previsible trayectoria iniciada a través de anuncios publicitarios insertados en prensa, en los que se ofrecían rentabilidades "garantizadas" de hasta el 6% "pagaderas mes a mes". El incumplimiento de estos compromisos de pago condujo a la denuncia de miles de afectados que habían dejado de percibir sus intereses, provocando la intervención judicial y el arresto policial de Roch Tabarot junto a cinco directivos en las pistas del aeropuerto alicantino de L'Altet, minutos antes de despegar rumbo a Marruecos.

Precisamente este país del Magreb es uno de los frentes abiertos que todavía mantiene Riviera Invest. De hecho, tal y como ha podido saber este diario, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial (BDEPJ) que investiga el caso ha solicitado en dos ocasiones una comisión rogatoria, es decir, una comunicación entre tribunales de distintos países para la práctica de diligencias judiciales.

En ambas ocasiones fue denegada por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, el mismo magistrado que el pasado 16 de febrero dictó el sobreseimiento provisional, ya recurrido por los afectados, de un presunto delito de apropiación indebida por parte de Tabarot y sus cinco directivos, al entender que los hechos no son constitutivos de un delito de estafa.

Los perjudicados, unos 800, han sostenido que el presunto fraude superaba los 70 millones de euros a clientes y empresarios del ladrillo. Sin embargo, afectados consultados por este diario opinan que el proceso contra la cúpula de Riviera Invest "no ha sido archivado".

NI PLAN DE INVERSIÓN NI SOCIOS DE VERDAD

La BDEPJ ya manifestó hace tiempo su temor acerca de la venta de los terrenos que el Grupo Riviera compró en Marruecos y sobre los que tenía previsto -o al menos eso confesaron sus representantes en su día- realizar un negocio inmobiliario a través de la sociedad mercantil Riviera Invest Maroc, según figura en la denuncia judicial realizada por los afectados ante el juez Pedraz.

Los terrenos en cuestión corresponden a una finca de algo más de dos hectáreas denominada Fendaq Touarga, situada en Marrakech Gueliz Semlaliya, que tiene un valor superior a los 15 millones de euros. El proyecto total alcanzaba un volumen de 56 millones de euros.

Lo sorprendente -y denunciado- es que los responsables de Riviera Invest llegaron a pagar el terreno con dinero procedente de los inversores y destinado a abonar las hipotecas que adquirían, según la propia confesión ante el juez. Actualmente, el terreno está ejecutado por un banco marroquí y Riviera Invest Maroc está embargada por acreedores españoles.

Además la misma brigada ya manifestó en su día su extrañeza sobre el manejo de fondos del Grupo Riviera en Marruecos, muy superiores a los confesados de algo más de 6,1 millones de euros. Los investigadores constataron, entre otras cosas, que los responsables de la firma en el país norteafricano no acreditaron en el plan de inversión la existencia de un solo euro de un socio o inversor diferente al Grupo Riviera y sus administradores.

Como también advirtieron que no era usual que una entidad crediticia financiase un negocio con unos costes de 56 millones de euros a una mercantil, Riviera Invest Maroc, que aportaba solamente 7 millones de euros, sin acreditar garantías, avales y patrimonio más allá de unos posibles compradores y unos negocios magníficos de ventas.