16/03/2011 Ayer se cumplía el último día de plazo que dio el alto tribunal a esta formación política para personarse en el procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado con el objetivo de evitar su presencia en las próximas elecciones, al que se unió unos días más tarde la Fiscalía General

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MADRID (EP). La representación legal de Sortu presentó ayer ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo sus alegaciones contra las demandas en las que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan que se impida la inscripción de esta formación política en el registro del Ministerio del Interior.

Ayer se cumplía el último día de plazo que dio el alto tribunal a esta formación política para personarse en el procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado con el objetivo de evitar su presencia en las próximas elecciones, al que se unió unos días más tarde la Fiscalía General del Estado.

Por otra parte, la Sala de 61 del alto tribunal ha dictado una providencia en la que acumula las dos demandas, cuyo ponente será el magistrado Carlos Lesmes, que fue el designado para la primera de las iniciativas presentadas. Fuentes del Supremo han añadido que el tribunal podría reunirse a partir de mañana para seguir con los trámites del procedimiento.

Tanto los servicios jurídicos del Estado como la Fiscalía General aportan en sus demandas contra Sortu abundantes indicios que conectan la actividad de ETA y Batasuna con la nueva formación, por lo que solicitan que se ejecute la sentencia que ilegalizó en 2003 el partido de la izquierda abertzale y se impida su inscripción y actividades.

CALENDARIO

El Tribunal Supremo pretende agilizar al máximo la resolución de este asunto "ante la exigencia de cohonestar (compatibilizar) el procedimiento incidental con la convocatoria de elecciones" municipales y forales prevista para el próximo 28 de marzo, según se señalaba en una providencia dictada por la Sala del 61 hace unas semans.

Para ello, se habilitaron los próximos sábado y domingo (19 y 20 de marzo) con el fin de que la Sala pueda reunirse si es necesario en cumplimiento de los plazos de la Ley de Partidos.

La Sala del 61, competente para dirimir la cuestión según establece la Ley de Partidos Políticos, está integrada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, los presidentes de la Sala de lo Civil (Juan Antonio Xiol Ríos), de lo Penal (Juan Saavedra Ruiz), Contencioso-Administrativo (José Manuel Sieira Míguez), Social (Gonzalo Moliner Tamborero) y Militar (Ángel Calderón Cerezo).

Como magistrados más antiguos están Jesús Corbal (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez(Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), Aurelio Desdentado Bonete (Social) y José Luís Calvo Cabello (Militar), han informado este jueves fuentes del alto tribunal.

Los más modernos, todos nuevos a la hora de deliberar sobre la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, son Rafael Gimeno-Bayón Cobos (Civil), Alberto Jorge Barreiro (Penal), Carlos Lesmes Serrano (Contencioso) Manuel Ramón Alarcón Caracuel (Social) y Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).