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Gonzalo Boyé, abogado

VALENCIA (VP). Gonzalo Boyé y Jaume Asens son los dos letrados que firman la querella criminal que cuatro organizaciones no gubernamentales han presentado contra las agencias de rating Fitch, Moody's y Standard & Poor's, ante el Juzgado nº2 de la Audiencia Nacional. Desde la publicación de la iniciativa, el apoyo internacional a la plataforma no ha parado de crecer.

Las ONG (Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, Attac y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) comparten los criterios de transparencia financiera y ética económica. "Los representados no son afectados directos por las agencias" pero la agrupación ya ha contactado con damnificados para unirse a la causa, explica Boyé.

La causa no está en manos de principiantes. La labor profesional de Boyé también ha sido destacada más allá del ámbito penal, específicamente en el 'Juicio del 11-M', donde ha ejercido como acusación particular. Asimismo, es abogado en las causas seguidas en la Audiencia Nacional contra Guantánamo, la matanza de Gaza en 2002 y el ataque israelí contra la Flota de la Libertad. Y Asens es experto en procesos relacionados con la defensa de los derechos humanos.

La querella se encuentra todavía en trámite a espera que el fiscal lo dirija al juez y éste admita el proceso a trámite. Si finalmente el juez la validase, la transmitiría a los querellados. Hasta ese punto, las agencias guardan silencio ante las consultas que ValenciaPlaza.com les ha dirigido. Como toda respuesta a las preguntas relacionadas con las acusaciones de "utilizar información privilegiada en su beneficio y en el de sus clientes", Moody's resuelve: "We have not been served by the court with notice of this suit and therefore cannot comment" (no hemos recibido notificación judicial al respecto, por lo que no podemos emitir una opinión). Similar explicación desde S&P y Fitch.

Los denunciantes piensan elevar la causa más allá del ámbito nacional. La plataforma, que incorpora en su denuncia los planteamientos de los fiscales generales de Connecticut y Ohie (EEUU), dialoga con otros grupos en Europa, como el Dr. Kiriakos Tobras, de Grecia; el Dr. Kai-Oliver Knops y el abogado Hans-Peter Jinshen, de Alemania; Daniel McCover, de Reino Unido y un diario holandés.

LA PRENSA INTERNACIONAL ADMIRA LA INICIATIVA

La prensa extranjera también se ha hecho eco de la noticia con admiración hacia los letrados españoles. Entre otros, el prestigioso diario alemán Der Spiegel entrevistaba a Boyé en relación al caso. Le Monde defiende la iniciativa con un "Viva España" y afirma esperar ·lo mismo en Francia y en otros países de Europa". El italiano La Stampa destaca: "Las reinas del rating denunciadas en Madrid. Primer proceso en Europa contra S&P, Moody's y Fitch".  Y el Süddeutsche Zeitung recoge destaca que "las agencias de rating deberán ir a los tribunales. De Volkskrant y Aufait Maroc también han publicado mensajes de ánimo.

El documento denuncia el conflicto de intereses que las tres grandes compañías mantienen, dado que, según explica Boyé, "no se puede calificar al emisor de deuda de forma negativa, pero puntuar positivamente al comprador de deuda, que, al fin y al cabo, sufre el riesgo de impago". Así, el abogado recuerda las bajas calificaciones que Moody's adjudicaba a España mientras "mantenía altísimas" las de Alemania.

La querella, a la que este diario ha tenido acceso, incorpora además las anteriores críticas públicas de organismos internacionales. Del Fondo Monetario Internacional recoge: "Estas agencias usan y abusan del poder que tienen y necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países pudiendo afectar su estabilidad financiera".

La pena para este tipo de delitos pueden alcanzar "los seis años de cárcel, además de una multa económica". Boyé se muestra confiado: "¿Conoces a algún juez o fiscal capaz de asumir el costo de dejar pasar este tipo de cosas que son tan obvias en la calle?"

FALTA DE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL ECONÓMICO

El letrado lamenta la inexistencia de un tribunal internacional para crímenes económicos, "aunque sí existen para los de guerra, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de un poder económico supervisor". Por tal razón critíca que los organismos mundiales no hayan creado mecanismos de supervisión efectivos. "De momento proponemos a los estados y ciudadanos que actúen en cada país".

Pruebas para apoyar el caso no le faltan. Así, explica que minutos después de que el Fiscal General del Estado de Connecticut, D. Richard Blumenthal, presentase la denuncia contra las tres agencias, Moody's elevó a la máxima nota el ráting del estado. "Poco disimulo", afirma. Recuerda también "uno de los casos más controvertidos", el de Bernard Madoff, "considerado uno de los mayores estafadores de las últimas décadas gracias a su sistema piramidal, cuya empresa tenía una triple A concedida por S&P".

Boyé reconoce el papel crucial del ciudadano y cuestiona la inoperancia del Gobierno. "Presentaremos pruebas, pero la fiscalía tendrá que realizar su papel de investigación. El ciudadano no puede ser policía, fiscal e inspector, cuando lo que necesita es protección ante estos hechos".

La plataforma denuncia la "la transparencia insuficiente sobre los supuestos, los criterios y las metodologías utilizadas al calificar los productos estructurados; la difusión insuficiente de información sobre el significado y las características de riesgo de las calificaciones de los instrumentos financieros estructurados" y tampoco confía en la CNMV como actual supervisora de las agencias de rating. "El gato cuidando la carnicería", bromea Boyé.