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MADRID (EP). El Consejo de Ministros aprobó ayer autorizaciones de emisión de deuda pública a un total de ocho comunidades autónomas por un importe global de más de 4.000 millones de euros, los cuales se destinarán a refinanciación de deuda y no supondrán aumentos del nivel de endeudamiento. La autorización de mayor cuantía será para Cataluña, que podrá emitir deuda por 1.866 millones de euros.

Según explicó el Ejecutivo, los importes que se autorizan resultan conformes a los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas en esta materia y a los planes económico-financieros de reequilibrio 2011-13 presentados por las comunidades al Consejo, y son a cuenta del Programa Anual de Endeudamiento que se acordará entre las comunidades y el Estado.

En el caso de las comunidades autónomas que cumplieron su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2009 (Madrid y Galicia), dicho importe no supera las amortizaciones de deuda a largo plazo previstas para todo el ejercicio 2011.

En el resto de comunidades autónomas, las amortizaciones a largo plazo son las previstas durante el primer semestre de 2011. Adicionalmente, en el caso de Cataluña se incluye, de conformidad con su plan de reequilibrio, el importe necesario para financiar el gasto sanitario de ejercicios anteriores imputado contablemente en 2006 y que no había sido financiado: 1.090 millones de euros.

La autorización para emitir deuda fue una de las cuestiones clave abordadas por el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ambos se reunieron a principios de mes en Madrid, y el propio Mas confió en obtener luz verde rápida para un primer tramo destinado a refinanciación.

Pero además de Cataluña, la Comunidad de Madrid recibió ayer autorización para 819 millones de euros, Andalucía para unos 500 millones, Baleares para más de 480 millones y Galicia para 400 millones. Por último, Asturias podrá emitir deuda por 71 millones de euros, Canarias por un total de 45 millones y Extremadura por 25 millones.