En el Consejo Europeo que ayer finalizó, cada mandatario expuso su punto de vista sobre el plan de competitividad, que intentarán consensuar los miembros del Eurogrupo en una nueva cumbre a principios de marzo, y Zapatero reconoció las discrepancias de los socios europeos por las diferencias socioeconómicas y estructurales de cada país

-EDITORIAL. Una cumbre europea sin ambición

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BRUSELAS (EFECOM). El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró ayer dispuesto a dar pasos para controlar por ley el déficit público de todas las administraciones, aunque prefirió que sean la comunidades autónomas las que promuevan esa iniciativa y apostó además por llegar a un acuerdo con el PP.

En la rueda de prensa con la que concluyó su participación en el Consejo europeo extraordinario celebrado en Bruselas, Zapatero avaló con estas palabras uno de los puntos del pacto de competitividad propuesto por la canciller alemana, Angela Merkel, quien aboga por prohibir en las legislaciones de cada país los déficit excesivos.

Zapatero dejó claro el "firme respaldo" de su gobierno a la convergencia y la coordinación de las políticas económicas que propugna ese pacto, aunque volvió a cuestionar la propuesta de eliminar las cláusulas de revisión salarial ligadas a la inflación y defendió que sindicatos y patronal lleguen a fórmulas "flexibles que preserven al máximo la capacidad adquisitiva de los trabajadores".

Respecto al control del déficit, Zapatero consideró que la ley de estabilidad presupuestaria en España "está en términos generales bien planteada" y recordó el compromiso de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE de fijar cada año por ley un techo de gasto.

"Pero si me pregunta si estoy dispuesto a dar más pasos para fortalecer desde el ordenamiento jurídico el control del déficit, la respuesta es sí", recalcó.

A su juicio, teniendo en cuenta el margen de autonomía política y fiscal de las comunidades y el "calado político" de la medida, deberían ser los gobiernos autonómicos los que promovieran esta iniciativa porque, además, cualquier iniciativa será "mucho más útil" si es fruto de la voluntad política de todas las administraciones.

En el Consejo, cada mandatario expuso su punto de vista sobre el plan de competitividad, que intentarán consensuar los miembros del Eurogrupo en una nueva cumbre a principios de marzo, y Zapatero reconoció las discrepancias de los socios europeos por las diferencias socioeconómicas y estructurales de cada país.

La propuesta de Merkel de vincular los salarios a los beneficios empresariales no obtuvo consenso y Zapatero aprovechó la ocasión para defender la negociación colectiva que, dijo, ha permitido a España durante años adaptar los sueldos a las circunstancias de la economía y conseguir moderación salarial en momentos de crisis.

"Lo importante es que el país sea capaz de adaptarse a las circunstancias", repitió tras expresar su confianza en el acuerdo de empresarios y sindicatos.

Zapatero calificó de "ineficiente" cualquier modelo rígido y apostó por la flexibilidad, siempre que se mantenga el poder adquisitivo cuando sea posible.

Al margen de esta cuestión apoyó una armonización fiscal en el eurogrupo, aunque precisó que la propuesta de acercar el impuesto de sociedades se basaría en la homogeneización de las bases imponibles, más que de los tipos.

A su entender, no debe extrañar a nadie el firme apoyo de España a un plan que busque incrementar la competitividad europea mediante la convergencia y la armonización de las políticas económicas, ya que ésa fue precisamente una de las prioridades de la presidencia española de la UE.

"El sistema financiero del euro exige una economía que converja, que las economías de los países de la zona euro sean competitivas y tengan un alto grado de coordinación", insistió.

Para Zapatero, el mes de marzo, con la reunión de líderes del Eurogrupo y el Consejo Europeo, tendrá "una trascendencia histórica" ya que en ambas cumbres se abordará el plan de competitividad y la flexibilización del plan de rescate de la zona euro, lo que dará estabilidad financiera.

Al margen de las medidas más polémicas, destacó el interés de España por la convergencia europea en formación profesional y en políticas de innovación.

La brecha que separa a España de la UE en este último capítulo es importante y Zapatero puso sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un pacto entre todas las administraciones españolas para intentar destinar un 3 por ciento del PIB a la I+D+i, aunque ello suponga recortar otras partidas presupuestarias.

Al margen del pacto de competitividad, que centró la mayor parte del debate, los veintisiete abordaron precisamente la agenda de innovación europea y la política energética.

En este apartado España defendió "una mayor y más efectiva" interconexión del mercado interior de la energía y pidió el apoyo de todos los socios al desarrollo de las infraestructuras que la Comisión ha identificado como prioritarias, entre las que están las interconexiones de gas y electricidad de España con Francia.

El Consejo aprobó también una declaración sobre la crisis egipcia y Zapatero condenó con contundencia las agresiones a los periodistas en El Cairo.