29/01/2011 El ex presidente del Gobierno, que ayer intervino en Valencia ante la Asamblea General de AVE donde se formalizó el relevo en la presidencia, propone suprimir las administraciones intermedias

imprimir

Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Presupuesto de 2016 sale del Congreso tras 585 votaciones sin incluir ninguna enmienda de la oposición
• Fomento certifica que la vivienda sube por vez primera desde 2008
• La banca amplía en 3.000 viviendas la aportación al fondo social

VALENCIA (VP/EFE). El ex presidente del Gobierno Felipe González ha apostado por suprimir las Diputaciones Provinciales al considerar que son administraciones "redundantes", cuyo funcionariado podría recolocarse frenando la oferta de empleo público en ese sector.

González ha realizado estas declaraciones durante su intervención en Valencia ante la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que formalizó ayer el relevo en la presidencia de la organización.

El socialista ha propuesto "un plan de ahorro relativamente sencillo y no doloroso en términos de empleo: que nos quedemos con la administración local, la autonómica, la estatal y la de Bruselas, y que suprimamos las intermedias".

"Nadie lo dudó en las autonomías uniprovinciales porque era redundante, y lo es también en las pluriprovinciales", ha recordado, y ha planteado que se frene la oferta de empleo público en ese sector para "reabsorber a esa parte del funcionariado en las administraciones resultantes".

González ha asegurado que "la descentralización en España ha sido una bendición desde el punto de vista económico y del desarrollo", y ha considerado que sus riesgos "solo están en confundir descentralizar con centrifugar".

El expresidente ha indicado que España no tiene "un exceso de empleados públicos" ni en número por habitantes ni respecto a su producto interior bruto (PIB), pero ha defendido la necesidad de "racionalizar los comportamientos en un momento en que ya no se puede disparar con pólvora de rey".

También en el sector público, ha abogado por "generalizar el silencio administrativo positivo", de modo que cuando un particular solicite una autorización, será autorizado "si la administración no responde en un mes".

En su discurso, el socialista ha presentado una batería de reformas estructurales, que deben contar con "el más amplio respaldo posible, no a un Gobierno, sino a un país".

España, ha dicho, "necesita un consenso para afrontar una situación de emergencia que dura ya tres años y que, si no la arreglamos va a durar 10 años más. Pero si la arreglamos, vamos a rebotar mucho antes de lo que cree el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

En concreto, ha abogado por una "reforma seria de las pensiones" por la falta de "sostenibilidad" del sistema tras el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad, y cree que el acuerdo alcanzado es "bueno, pero hay que seguir trabajando".

Igualmente, ha animado a los políticos y agentes sociales a pactar la reforma del mercado de trabajo, convencido de que si "tuvieran la sensación de emergencia que tengo, ya habría consenso".

Ha pedido que esta reforma se base en los criterios de "competitividad y productividad", que la negociación colectiva se "descentralice" para "acercarla a la realidad de las empresas" y que se vinculen los salarios a la productividad.

Sin embargo, ha asegurado que "España tiene una mejor salida estructural que Francia porque la flexibilidad de su economía es mayor", y aunque ha lamentado que la reforma del sistema financiero español se esté realizando "dos años tarde", cree que "no es extremadamente dramático".

Finalmente, ha alertado de que "se está creando una nueva burbuja financiera que va a explotar" en un plazo de 4 a 7 años, y ha lamentado que "en política nadie entiende que la esencia de la democracia no es la alternancia, sino la aceptabilidad de la derrota".