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MADRID (VP/EFE). El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, presentó ayer a las comunidades autónomas un plan de choque para combatir el paro, especialmente entre los jóvenes y los parados de larga duración. Entre las medidas de dicho plan, que se encuadra en la reforma de las políticas activas de empleo, se encuentra un "programa excepcional" de empleo que contempla la rebaja de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial.

Tras la Conferencia Sectorial de Empleo, el ministro dijo que este plan animará a las empresas a crear trabajo ya que podrán reducir sus cuotas durante el primer año de vigencia del contrato, que deberá tener una jornada del 50 % de la habitual.

Las empresas podrán aplicarse la rebaja en las cuotas durante un año como máximo y la reducción será del 100% para las pymes o del 75% para las que tengan más de 250 trabajadores.

En opinión del ministro, se trata de la mayor reforma y la más profunda que se haya hecho en España en dos décadas y no responde sólo a la coyuntura sino que plantea objetivos futuros.

El nuevo plan sustituye al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), la denominada ayuda de 426 euros para parados sin cobertura, pero no se trata de "un nuevo PRODI" según Gómez, porque no sólo protege a los desempleados sino que "ayuda" a que se formen.

La medida será "positiva", subrayó el ministro porque no supondrá un coste para las finanzas públicas, aunque los fondos que se destinen a ella estarán sometidos a "restricción presupuestaria" y cuando se acaben no habrá más "hasta el próximo presupuesto".

ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

El plan de choque, además de ésta medida, incorpora otras tres: un programa masivo de cualificación con protección para los parados que hayan agotado su prestación; la reordenación de los recursos para las políticas activas desde los ocupados a los desempleados y acciones de mejora de la empleabilidad.

En este último apartado se incluyen itinerarios individuales y personalizados de empleo dirigidos a jóvenes con problemas de cualificación, a mayores de 45 años, especialmente con paro de larga duración y a personas procedentes del sector de la construcción para que puedan incorporarse a otras actividades con más futuro.

Las personas que participen en estas acciones podrán recibir una ayuda de 350 euros mensuales hasta un máximo de seis meses siempre que hayan agotado la protección por paro a partir del 16 de febrero de este año y carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

Según Gómez, la reforma supone que el desempleado pase de ser sujeto pasivo a situarse en el eje central centro de la política activa de empleo.

En cuanto a su financiación se obtendrá por la reordenación del programa de las bonificaciones y de los programas de políticas activas de empleo y el adelanto del Fondo Social Europeo.

La consejera de Empleo de Extremadura, Pilar Lucio, y la consellera balear de Trabajo y Turismo, Joana Barceló, se mostraron satisfechas con la propuesta de Trabajo.

Lucio destacó que el Gobierno prestará a las comunidades toda la maquinaria para que las personas reciban directamente y sin demora el dinero mientras que para Barceló, la nueva ayuda demuestra que el Gobierno está cooperando con las comunidades autónomas.

Sin embargo, para el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva calificó el plan como tardío, improvisado e insuficiente", además de que no implica una reforma de las políticas activas de empleo.

En el mismo sentido se expresó la conselleira de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, quien expresó su "rechazo" al plan y afirmó que el borrador planteado se ha "pervertido totalmente" al introducir una política pasiva y de subsidio como responsabilidad de las comunidades autónomas.