-Las 31 propuestas del Ejecutivo

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MADRID (VP/EFE). Esta norma, que se desarrolla en veintisiete artículos y seis disposiciones, contiene veintiséis de las 54 medidas incluidas en el documento sobre el que el Gobierno y los grupos parlamentarios discutieron para alcanzar un pacto anticrisis.

Entre las principales actuaciones del decreto están las relativas a potenciar la rehabilitación de viviendas para generar actividad y empleo en este sector.

Destaca entre ellas la nueva deducción en el IRPF del importe de la obras realizadas en la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012, una medida que tiene un coste recaudatorio de 1.400 millones.
Para esta deducción se ha ampliado sobre lo inicialmente previsto, hasta 53.007,20 euros, la renta máxima anual que puede acogerse a dicha desgravación, aunque la deducción decrece cuanto mayor es la renta.

El 95% de los contribuyentes podrían beneficiarse de este medida, a la que se suma la aplicación de un IVA reducido del 7% para las obras de rehabilitación, que a partir de julio subirá al 8%.

El decreto incluye por otra parte la aprobación de un "vale transporte", que supone la exención en el IRPF (con un límite de 1.500 euros) de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

En la norma también hay actuaciones de apoyo a las pymes, como la que permitirá a las empresas recuperar de forma inmediata el IVA de las facturas impagadas desde hace más de seis meses, en cuanto el real decreto entre en vigor tras su publicación en el BOE.

En el ámbito financiero, el decreto ley incorpora la clarificación de los Sistemas de Protección Individual (SIP), conocidos como "fusión fría", que requerirán un compromiso mínimo de permanencia de 10 años a las entidades que compartan riesgos mediante esta figura, a la que el Gobierno garantizará neutralidad fiscal.

También acorta de un mes a diez días el plazo que da el Banco de España a una entidad con dificultades para que presente un plan de viabilidad, y establece que si es la propia institución financiera la que detecta sus riesgos y pide ayuda al supervisor tendrá que hacerlo también presentando un plan.