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PALENCIA/MADRID (VP/EP). El Juzgado de lo Social número 2 de Palencia ha condenado a Galletas Gullón a readmitir en la empresa o abonar una indemnización de 8,23 millones de euros brutos al ex director general de la compañía Juan Miguel Martínez Gabaldón, cuyo despido declara improcedente.

En el fallo, al que tuvo acceso Europa Press, el juez estima parcialmente la demanda interpuesta por Gabaldón después de ser despedido el pasado noviembre, tras llevar 22 años en la empresa.

Así, establece que empresa y directivo -quien reclamaba en su demanda 14 millones de euros- deben acordar si se produce la readmisión o el abono de la indemnización (de 8.239.832 euros brutos), "entendiéndose en caso de desacuerdo que se opta por la indemnización".

Asimismo, condena a la compañía a abonar al demandante los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido -el 3 de noviembre- hasta la notificación de la sentencia, a razón de 4.514,97 euros brutos diarios.

Esta cantidad, teniendo en cuenta los días transcurridos hasta la fecha, supone un abono de más de 700.000 euros que deberá ser efectivo al margen de la readmisión o indemnización.

Galletas Gullón tiene previsto presentar un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, según informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

Desde la compañía se lanzó un "mensaje de tranquilidad" a trabajadores y clientes, ya que "estos procesos no están afectando a la marcha real del negocio".

ORIGEN DEL CONFLICTO

El conflicto entre ambas partes comenzó el 25 de mayo de 2009, cuando Gabaldón firmó un contrato para arrendar con opción de compra unos terrenos de su propiedad a la sociedad Gullón, con la entonces presidenta del consejo de administración, María Teresa Rodríguez, que sigue siendo primera accionista del grupo.

El resto del consejo de administración --integrado, entre otros, por los hijos de María Teresa--, consideró que Gabaldón había actuado con "deslealtad", "abusando de la confianza de la presidenta del consejo de administración o en connivencia con ella".

En concreto, el consejo criticó las cláusulas "leoninas y lesivas" de dicho contrato, por lo que el 31 de octubre se determinó su "cese inmediato", así como la revocación de María Teresa Rodríguez como presidenta del consejo de administración.

La empresa presentó una querella criminal contra Gabaldón y, por su parte, María Teresa Rodríguez solicitó por vía judicial la convocatoria de junta general de accionistas con el propósito de tomar el control de la compañía.