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MADRID (EP/VP). El Gobierno estima que las nuevas medidas fiscales para impulsar la competitividad de las empresas tendrá un coste recaudatorio anual de 780 millones de euros, la misma cifra que espera ingresar con la subida de los impuestos al tabaco, según la memoria económica que acompaña al decreto ley que el Pleno del Congreso votará este martes y al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento no vincula ambas medidas, y se limita a desglosar el impacto presupuestario de las medidas fiscales, que suponen modificaciones en el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), "que conllevarán efectos recaudatorios y financieros para el erario".

Así, la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para las empresas de reducida dimensión (concepto que pasa de 8 a 10 millones de euros de facturación), que disfrutarán del tipo reducido del 25% hasta los 300.000 euros de beneficio, frente a los 120.000 euros actuales, tendrá un coste anual de 223 millones de euros.

Respecto a la generalización de la libertad de amortización de todas las empresas hasta 2015, podría beneficiar a 35.500 declarantes del Impuesto de Sociedades y su coste recaudatorio anual podría situarse en un tope de 557 millones de euros. No obstante, "de forma neta y a largo plazo", en el conjunto de los 8 años de vida media de los activos, se calcula que dicho coste se reducirá "a su tercera parte".

El Ejecutivo no estima el impacto recaudatorio por la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para todas las operaciones societarias dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas, porque afirma no disponer de "información fiable" sobre su impacto desglosado en la tributación.

No obstante, señala que la recaudación total por transmisiones patrimoniales onerosas, dentro de las que aquéllas se enmarcan, ascendió en 2009 a 3.993 millones de euros.

SE REDUCE EN AL MENOS 10 DÍAS EL TIEMPO PARA CREAR UNA EMPRESA

Sí cifra el ahorro que supondrán las medidas dirigidas a la agilización de la constitución de sociedades, que sitúa en un máximo de 250 euros para cada empresa, hasta una media total de 28,1 millones en 2011, al tiempo que se reducen los tiempos medios para crear una empresa desde los 15 ó 20 días actuales a periodos que oscilarán entre los 1 ó 5 días.

Por otro lado, reitera su previsión de que la eliminación de la obligación de todas las empresas de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio les supondrá un ahorro anual de 250 millones de euros, de los cuales 90 millones de euros repercutirán directamente en las pymes.

Respecto a las medidas de corte laboral, centradas en la contratación de 1.500 nuevos orientadores de empleo para los servicios públicos de empleo y la prórroga, hasta diciembre de 2012, de la permanencia de los otros 1.500 orientadores que desde 2008 trabajan en estas oficinas, el coste estimado alcanza los 155,71 millones de euros entre el próximo año y el siguiente.

De hecho, el gasto en 2011 alcanzará los 48,94 millones de euros, una partida no incluida en los Presupuestos Generales del Estado, de los que 2,87 millones se destinarán a la transferencia de políticas activas de empleo al País Vasco, mientras que en 2012 el gasto se elevará hasta los 106,77 millones de euros, teniendo en cuenta que cada orientador supone 35.000 euros anuales.

El documento no aclara si se estudiará la prórroga de esta medida más allá de 2012, pero sí desliza que "puede servir de referencia para próximas actuaciones" ante el incremento de la demanda de estos servicios. Así, explica que mientras en 2009 se atendieron a 859.349 parados, hasta septiembre de 2010 la cifra ya había alcanzado los 710.068.