MADRID (VP/EP). Los socialistas están dispuestos a aceptar la propuesta de CiU de limitar la supresión de los conocidos como blindajes empresariales a las sociedades cotizadas dejando fuera a la empresa familiar, y negocian con la federación catalana para ofrecer un texto conjunto al que se puedan sumar el resto de grupos, aunque la opción preferente es Coalición Canaria.
Diversas fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press dan por "definitivamente cerrado" este acuerdo que, sin embargo, será rechazado por PNV y ERC, IU e ICV, que ven la enmienda como un mecanismo 'ad hoc' creado para beneficiar a determinados accionistas de algunas empresas que consideran "estratégicas".
De hecho, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, se ha referido públicamente a ella como la 'enmienda Florentino', en alusión a Florentino Pérez, presidente de ACS, compañía a la que una supresión de los 'blindajes' permitiría reforzar su posición en Iberdrola.
Precisamente el conflicto con ACS en el seno del accionariado de Iberdrola ha hecho que los nacionalistas vascos convirtieran en 'casus belli' la enmienda registrada el pasado 17 de febrero, logrando forzar -tras dos intentos frustrados por el PSOE- el debate previsto para el 24 de marzo hasta después de la junta de accionistas de la eléctrica.
El debate en Comisión, que originalmente se fijó para el 4 de marzo, ya sufrió entonces un retraso de tres semanas a petición de CiU, que ha apurado el tiempo 'extra' para presentar un acuerdo al PSOE sobre la enmienda, que si bien no cambia la situación en las grandes compañías como la mencionada Iberdrola, o Repsol YPF, deja fuera a las empresas familiares que no cotizan en Bolsa.
LA OPOSICIÓN RECHAZA LAS "FORMAS" DEL PSOE
Por su parte, el PP elude precisar el sentido de su voto y se inclina por la abstención para dejar en evidencia que los socialistas sólo han sacado adelante la enmienda con el apoyo de CiU y de minorías como Coalición Canaria.
En cualquier caso, en lo que tanto el PP como el resto de grupos coincide es en denunciar las "formas" del PSOE por introducir esta enmienda en una Ley sobre la que ya existía un grado de acuerdo previo entre las fuerzas políticas, que se ha visto "frustrado" por esta maniobra.
Aunque insisten en que esta es una "enmienda más" a la Ley y además responde al programa electoral del PSOE, el Grupo Socialista dirigido por José Antonio Alonso sí reconoce que se introdujo por petición directa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, niega que se hiciera al margen del resto del Ejecutivo.
PP Y CIU ESTABAN AVISADOS
El PP y CiU conocían con antelación la intención del PSOE de proponer esta modificación legal, si bien lamentan que se haya introducido "por sorpresa" en una Ley que "no tiene nada que ver" con esta cuestión. "Pudo haber un acuerdo con las auditorías, pero después de esto, ellos saben que es imposible pactar", señaló a Europa Press una destacada dirigente 'popular'.
Voces dentro del PSOE reconocen que la norma original contaba con un amplio respaldo del sector que hubiera facilitado la negociación de una norma cuya aprobación reconocen como necesaria y urgente, sobre todo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya condenado a España por no haber incorporado a su legislación nacional la norma europea sobre auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, pese a que el plazo para hacerlo vencía el 29 de junio de 2008.
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