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MADRID (VP/EFE). El Gobierno sostiene que alrededor del 25% del ajuste fiscal diseñado para acelerar la reducción del déficit público procederá de un incremento de los ingresos, mientras que el 75% será consecuencia directa de los recortes en el gasto, según informó a los socios del G20.

Esta es la propuesta presentada por España en la cumbre celebrada la semana pasada en Seúl, donde el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a someter sus ajustes y reformas a la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), como el resto de miembros del G20.

El FMI, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), se encargará de evaluar el cumplimiento de las promesas de todos los países y de comprobar si son coherentes con los objetivos fijados por el G20 para lograr una recuperación duradera y un crecimiento sólido y sostenible a mediano plazo. La ficha presentada por España incluye la mayoría de las reformas puestas en marcha o ya anunciadas, como la del sistema de pensiones.

El Gobierno reitera al G20 su intención de llevar al Parlamento la reforma del sistema público de pensiones y le recuerda que su propuesta inicial, la que todavía estudia la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, incluye el incremento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

En el mismo apartado, dedicado a las reformas estructurales, explica la reforma laboral aprobada y la trasposición de la directiva de servicios, informa de que está preparando una Ley de servicios profesionales y destaca la tramitación de la Ley de economía sostenible para reasignar recursos a los sectores más productivos.

Al describir su política fiscal, el Ejecutivo recuerda el paquete de medidas anunciado el pasado mayo para recortar el gasto público en 2010 y 2011, con el objetivo de acelerar la reducción del déficit público y situarlo en el 3% en 2013. Es en ese momento cuando destaca que el 25% del ajuste fiscal provendrá de mayores ingresos y el resto, de recortes en el gasto.

Tras exponer las nuevas reglas establecidas para controlar el déficit de las comunidades autónomas, el Gobierno recuerda que los presupuestos generales del Estado que se tramitan en el Parlamento para el año próximo recogen una reducción del 7,9% del gasto no financiero.

Un tercer apartado de sus "compromisos" está dedicado a la reforma del sector financiero, en el que se incluye las nuevas reglas aprobadas en julio para "flexibilizar el acceso al capital" por parte de las entidades financieras, "profesionalizar" el gobierno de las cajas y mejorar la representación de los accionistas.

La última sección de la ficha española describe la política de desarrollo, donde el Gobierno reitera su compromiso de destinar en 2015 el 0,7% del PIB a la ayuda oficial al desarrollo.

Cuando presentó el pasado mayo el plan de ajuste, el Ejecutivo reconoció que no podría cumplir su compromiso inicial de alcanzar el 0,7% en 2012 y lo aplazó tres años, hasta las fechas fijada por la UE y la comunidad internacional.