22/11/2010 Tiene la potestad de hacerlo aunque nunca lo ha llevado a cabo por que las circunstancias económicas y financieras han sido distintas a las actuales

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MADRID (VP/EP). El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este próximo miércoles limitará la emisión de más deuda a aquellas comunidades autónomas que no cumplan con los objetivos de consolidación fiscal que ha marcado el Gobierno y que permitirán al país reducir el déficit público al 3% en el año 2013, tal y como exige Bruselas.

Según ha explicado el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, en una entrevista a Europa Press, el Ministerio de Economía y Hacienda puede limitar las emisiones de deuda a las que recurren comunidades autónomas para financiarse desde hace mucho tiempo, pero nunca ha tenido que hacerlo porque las circunstancias económicas y financieras han sido distintas.

"Ahora se van a aplicar y la idea general es que el endeudamiento, que permite gastar más o menos, se adapte a los compromisos adquiridos", ha señalado Ocaña, tras explicar que el Consejo de Política Fiscal discriminará entre aquellas comunidades que están cumpliendo y las que no.

Según el secretario de Estado, la reunión del miércoles estará "muy centrada" en el cumplimiento los objetivos de reducción de déficit asumidos tanto por la Administración central como por las comunidades autónomas, para lo que se examinará todo lo ocurrido en el año 2009 y en el primer semestre de este ejercicio. A partir de ese análisis, el CPFF autorizará el nivel de endeudamiento "que proceda" según el cumplimiento de las comunidades con los objetivos de consolidación.

Además, el Gobierno aprovechará la reunión con los consejeros de Economía de los distintos territorios para hablar de la necesidad de incrementar la transparencia en la información financiera de cada comunidad autónoma, de forma que "se conozca" el esfuerzo de ajuste que están haciendo, que es importante y está dando "buenos resultados".

En este sentido, se ha mostrado partidario de que las comunidades publiquen sus datos de ejecución presupuestaria cada mes tal y como hace la Administración central. "La transparencia ayuda mucho a que se disipen posibles dudas sobre si ese esfuerzo se está haciendo o no", ha señalado Ocaña, para quien una medida así "tiene todo tipo de ventajas" porque "despeja dudas, aumenta la confianza y hace que sea más barato financiarse", por lo que no existe "ninguna razón para no hacerlo".

De todas formas, ha recordado que el Gobierno no puede imponer una iniciativa así a las comunidades autónomas, sino que tienen que ser ellas las que acuerden dar la información sobre su déficit o superávit mes a mes, aunque existe una parte de esta información que sí presentan obligatoriamente al CPFF y que sólo habría que hacerla más "transparente y accesible".

SE CUMPLIRÁN LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT

Así, Ocaña adelantó que tanto las comunidades como la Administración central cumplirán los objetivos de déficit al cierre de 2010 (5,9% en el caso del Estado y 3,1% en el caso de las comunidades), lo que supone algo "muy importante" porque ayudará a que los mercados puedan comprobar que España cumple lo prometido.

"No vamos a revisar cifras", garantizó Ocaña, tras mostrarse "muy satisfecho" por el cumplimiento de unos datos "tremendamente exigentes" que no se pueden "minusvalorar" porque son fruto de un "esfuerzo muy importante" por parte del conjunto del país.

Ocaña ha descartado también la posibilidad de que el déficit público cierre el 2011 por encima del 6% y ha garantizado que si se produce alguna desviación el Gobierno hará "lo que sea necesario y lo que haga falta" para que cumplir con los objetivos. "No es aceptable ninguna desviación", ha indicado.

REDUCCIONES DE GASTO ANTES QUE SUBIDAS DE IMPUESTOS

En este sentido, ha asegurado que una economía "débil" no invita a más subidas de impuestos que, además no están en la agenda del Gobierno, por lo que cualquier medida adicional para corregir una eventual desviación de los objetivos vendría por el lado del gasto, tal y como se está haciendo desde el pasado mes de mayo. "Es más razonable gastar menos", ha recalcado.

Aunque se vayan a cumplir los objetivos, ha admitido que el Estado va por delante en la tarea de reducir el déficit, mientras que en las comunidades aún "queda mucho por hacer". En este sentido, ha apostado por recortes de gasto en las comunidades en la parte del presupuesto que no dedican a gasto social, que supone alrededor del 30% del presupuesto y que se dedica a fundaciones, transferencias y empresas públicas, entre otras cosas, lo que supone un "objetivo obvio" en un contexto como el actual.

"Ahí claro que hay margen para recortar gasto", ha señalado Ocaña, quien además ha reconocido que puede ser necesario ir un poco más lejos y tener que racionalizar el 70% del gasto social destinado a sanidad, educación y servicios sociales. En este sentido, algunas comunidades han planteado medidas como el Copago o el retraso de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, aunque él no ha querido dar recetas concretas. "No diré que hay una fórmula mágica que lo resuelve todo", ha añadido.

ESPAÑA ESTÁ "LEJÍSIMOS" DE IRLANDA

Según resaltó Ocaña a Europa Press, el cumplimiento con la reducción del déficit es fundamental para ganar confianza en los mercados, para lo que también habrá que llevar a cabo la reforma de pensiones, que tardará "un par de lustros" en generar efectos reales sobre los ciudadanos, pero que supondrá un efecto directo en la confianza.

En este sentido, el secretario de Estado ha admitido que el rebrote de las dudas en los mercados no supone una situación "cómoda" para nadie, aunque España está "lejísimos" de Irlanda y de Portugal, gracias a los "sacrificios" que ha hecho para demostrar su compromiso con la consolidación fiscal.

"Si hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer, probablemente sortearemos las turbulencias, que seguirá habiendo seguro", ha añadido Ocaña, tras reconocer, sin embargo, que el Gobierno no puede "relajarse ni ir más despacio" y asegurar que el eventual rescate de la Irlanda tendrá un coste cero inmediato para España, que actuaría simplemente como avalista de una parte del préstamo.