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MADRID (EP). El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Juan José Rodríguez Sendín, se ha mostrado partidario de una nueva regulación del sector farmacéutico en compras, establecimiento de precios y copagos. Además, cree que deberían extender al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) las medidas de adquisición de medicamentos que generen economías eficientes al sector público, como las llevados a cabo por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia.

En este sentido, ha afirmado que "no hay nada que objetar desde el punto de vista profesional y deontológico a las medidas de selección de medicamentos que puedan realizar las Administraciones sanitarias". Asimismo, ha recordado que el gasto farmacéutico presenta una "tendencia crónica al crecimiento incontrolado si no se ponen medidas para frenarlo", a pesar de la reducción significativa por receta en los 3 últimos años como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el uso de genéricos, el sistema de precios de referencia y medidas especiales como las introducidas en Galicia y Andalucía.

En estos términos se ha referido durante su intervención en el Forum Europa. Tribuna Andalucía, celebrado en Sevilla, donde tras ser presentado por el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha pronunciado una conferencia sobre 'Uso racional del medicamento' en la que ha expuesto las repercusiones del gasto farmacéutico en el SNS.

Ha defendido iniciativas que buscan el mejor precio y ofrecen la mejor solución para la bioapariencia, siempre que "mantengan la calidad de la asistencia, respeten la prescripción médica y los medicamentos tengan similar eficacia, seguridad y calidad". Y exigió que estos procesos, al igual que los relacionados con la fijación de precios, se lleven a cabo con máxima transparencia.

En este mismo sentido, ha cuestionado la "opacidad" y falta de datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario que, a pesar de la obligación legal de remitir mensualmente el número de envases consumidos en los centros del SNS, no existen datos oficiales anuales del gasto agrupado a nivel nacional ni de su evolución.

Asimismo, ha criticado las "adquisiciones innecesarias" que provoca la gratuidad, y se ha mostrado partidario de "ajustar el copago a la renta y al estado de salud, y no a la condición de activo o pensionista", estableciendo un límite de aportación máxima anual por persona, excluyendo del mismo a los ciudadanos con ingresos inferiores a ciertos niveles de renta, con fórmulas por las que no deban adelantar recurso alguno.

En cualquier caso, ha añadido, "todas las personas deben tener garantizados mediante financiación pública los medicamentos suficientes para atender las necesidades de salud". No obstante, ha abogado por regular la "excesiva demanda". "No hay que olvidar que el uso inadecuado de fármacos, por todas y sus complejas causas, produce muchas más muertes al año que los accidentes de tráfico y que el 15% de las urgencias hospitalarias también son por esta causa" ha advertido.

Tanto por el crecimiento "desmesurado" de los costes sanitarios, como por las dificultades de financiación de los sistemas de salud universales y solidarios, como por los riesgos inherentes a toda práctica médica y sanitaria, ve urgente limitar el uso inadecuado de los medicamentos.

Y, para ello, apuesta por acotar con criterios científicos las intervenciones médicas y sanitarias indiscriminadas, "tanto asistenciales, farmacológicas, como preventivas" con el objetivo de que los beneficios de las mismas siempre sean "coste-efectivo y superen a sus posibles daños".

NECESARIO "BLINDAR" EL MODELO DEL SNS

Por otro lado, Sendín ha destacado la necesidad de "definir" y "blindar" el modelo de SNS universal, equitativo, de calidad y solidario, con una cartera de servicios y condiciones bien definidas para lo que se precisa "suficiencia financiera" y mecanismos de asignación y distribución de unos presupuestos que deben de ser finalistas "si realmente se quiere respetar el principio constitucional de igualdad".

En este contexto, contempla también la necesidad de una regulación permanente, tanto nacional como internacional, de la industria farmacéutica, con políticas de precios transparentes y socialmente responsables; garantías públicas para blindar la propiedad industrial sin que ello ponga en peligro en ningún caso el normal funcionamiento del Servicio público sanitario por los precios de los nuevos medicamentos como ha ocurrido con los fármacos contra la Hepatitis C.

En este sentido, ha argumentado que "no puede ser que un medicamento, que en EEUU alcanzó el precio de 76.000 euros, se venda en India o Egipto, a 300 y 700 euros, respectivamente. Y aquí en España, se ponga un precio que desconocemos".

Ha pedido "limitar, regular y acotar" la influencia de los conflictos de interés de todo tipo basados en la declaración de los mismos y en la exigencia de veracidad no solo de los profesionales, sino también de los "decisores administrativos".

Asimismo, ha considerado que es importante realizar una "evaluación económica técnicamente rigurosa" de los nuevos fármacos; que las Administraciones sanitarias asuman la formación continuada de los médicos a la hora de introducir medicamentos nuevos en la práctica clínica; y el seguimiento singular de cada envase de medicamento sujeto o no a prescripción médica para luchar contra exportaciones paralelas e introducción de medicamentos falsos.

Finalmente, ha manifestado que es necesario recuperar la confianza en las Administraciones sanitarias a quienes recordó su responsabilidad para "asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público" y volvió a mostrase partidario de un gran pacto de Estado, "necesario e imprescindible", que la OMC volverá a pedir a todos los partidos que concurran a las próximas elecciones.