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MADRID (EP).  Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE van a rechazar este miércoles, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), los objetivos de déficit planteados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para 2016, Cristóbal Montoro, y le van a pedir que plantee ya una revisión del sistema de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, poco antes de que comenzase en el Ministerio el CPFF y al término de una reunión con los consejeros socialistas en la que también ha participado el secretario de Política Federal, Antonio Pradas.

Sobre los objetivos de déficit, De la Rocha ha explicado que los socialistas no cuestionan el objetivo global para 2016 pero consideran que el reparto entre los distintos niveles de la Administración debe ser diferente: un 1,1% del PIB para la Administración General del Estado (en vez de un 2,2) y un 1,4% para las comunidades (no un 0,3), manteniendo los porcentajes para la Seguridad Social y las entidades locales. El objetivo autonómico para 2017 se reduce a 0,1 y para 2018, a cero.

VOTO EN CONTRA SOCIALISTA

Todos los consejeros socialistas han confirmado que votarán esta tarde en contra de estos objetivos. La consejera de Asturias, Dolores Carcedo, ha calificado de "asfixiante" este reparto para las autonomías y hoy reclamará en el CPFF un informe de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) para que se distribuya el déficit de otra manera. "No responde a lo que marca la Ley de Estabilidad ni a la estructura de gasto de las Comunidades", ha dicho.

Por parte de Castilla-La Mancha, el nuevo consejero Juan Alfonso Ruiz ha asegurado que el esfuerzo que se exige a las autonomías "es muy superior al que está realizando el Estado", cuando además, ha justificado, el gasto de las comunidades es "menos elástico: educación, sanidad y dependencia".

Al igual que la consejera asturiana, ha pedido explicaciones de cómo se decide ese reparto del déficit, cómo se llega a calcular el reparto entre las administraciones públicas. "No se trata de que nos den la cifra sino de que la discutamos entre los dos niveles de administración", ha agregado.

APRETAR EL ESTADO DEL BIENESTAR

Por parte de la Comunitat Valenciana, Vicent Soler también ha considerado que el déficit "aprieta más" a las autonomías que al Estado, lo que se traduce a su juicio en que se aprieta "el estado del bienestar". "Es no entender que las personas necesitan hospitales, escuelas, servicios sociales", ha dicho.

Soler ha asegurado que la Generalitat Valenciana apuesta por la estabilidad financiera, pero ha pedido que se siga esta senda de otra forma a como se ha seguido hasta ahora. "Si las perspectivas son de crecimiento económico, vayamos descontando para recuperar el tiempo perdido en esta política tremenda de austeridad", ha señalado.

El consejero aragonés, Fernando Gimeno, ha asegurado que acude preocupado al encuentro porque no se ve en los servicios públicos la recuperación económica de la que habla el Gobierno. Y ha censurado que en este contexto se pida un "esfuerzo" de ajuste "mayor" a las autonomías.

Además, ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de financiación, que es el problema de fondo de las cuentas autonómicas y que es "injusto".

CANARIAS Y ANDALUCÍA, TAMBIÉN EN CONTRA

Por último, el consejero canario, Javier González Ortiz, de Coalición Canarias y que acudía hoy en funciones y en su último día de trabajo en la cartera, ha anunciado también el voto en contra de los objetivos 2016-2018.

"Hoy hemos conocido un informe de tendencia y pone de manifiesto que el Gobierno hace un reparto injusto", ha asegurado. "Máxime Canarias, que a lo largo de esta senda ha cumplido el objetivo de estabilidad, ha hecho los deberes y por tanto no estamos de acuerdo con la posición del gobierno central", ha subrayado.

También la consejera andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, ha mostrado su rechazo al reparto del objetivo del déficit para las comunidades autónomas, al considerarlo "injusto y asimétrico". Según ha declarado a los periodistas antes de entrar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, este reparto "obliga a las comunidades autónomas a hacer ocho veces más esfuerzo que el Estado".

Montero ha reprochado al Ejecutivo este reparto desigual que perjudica a las comunidades a pesar de que son éstas "las que tienen mayor porcentaje de gasto público, en torno al 30 por ciento frente al 24 por ciento del Estado".