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MADRID (EP). Barclays ha decidido cambiar de auditor después de más de cien años trabajando con PwC y ha fichado a KPMG, que será quien audite sus cuentas a nivel mundial a partir de 2017, según ha anunciado la entidad financiera. La calidad del equipo de auditoría fue el factor decisivo en el proceso de licitación del nuevo auditor, en el que participaron otras firmas del sector como EY y Deloitte.

Con esta decisión, Barclays adopta las recomendaciones de gobierno corporativo en materia de rotación del auditor externo. La entidad británica pagó a sus auditores 44 millones de libras (62 millones de euros) el año pasado.

Este cambio, anunciado el viernes, se produjo unos días antes de que Banco Santander comunicara el relevo de su actual auditor, Deloitte, por PwC, para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

NUEVA LEY DE AUDITORÍA

Con ello, la entidad presidida por Ana Botín se anticipa a la regulación aprobada por la Unión Europea para el sector de auditoría, que entrará en vigor en junio de 2016.

La rotación de las auditoras entre las compañías comenzará a ser más frecuente en España después de que la semana pasada el Senado aprobara, sin admitir ninguna enmienda, la nueva Ley de Auditoría que traspone la directiva europea y que limita a un periodo de diez años el contrato entre un auditor y las entidades de interés público.

Dentro de este grupo de entidades destacan los bancos, aseguradoras y empresas cotizadas, incluidas las del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La nueva norma también establece hasta once nuevas incompatibilidades en los servicios que prestan las auditoras.

MÁS TRANSPARENCIA

Durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, la mayoría de los grupos parlamentarios se quejaron de que esta ley nacía sin consenso político y sin el visto bueno del sector.

El texto busca aumentar la transparencia de las actividades de las auditoras, mejorar su independencia, reforzar las competencias del ICAC -organismo al que se atribuyen nuevas funciones-, así como dinamizar y abrir el mercado de auditoría.

La normativa incluye como novedad la obligación de que las empresas de interés público realicen un informe adicional en el que se expliquen cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de la auditoría, con el fin de contribuir a la integridad y transparencia de la propia información financiera auditada.

HONORARIOS

El texto establece limitaciones a los honorarios percibidos por las entidades de interés público. En el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no podrá superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios.

La Ley de Auditoría entrará en vigor en junio de 2016 tal como establece la Directiva y hasta ese momento se trabajará también en el reglamento que desarrolle la ley, de modo que ambas normas puedan entrar en vigor prácticamente a la vez.