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MADRID (EFE/VP). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exministro socialista de Interior Antoni Asunción (1993-1994) por delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida por la venta de su participación en la piscifactoría Acuigroup Maremar al Banco de Valencia.

En una providencia, a la que ha tenido hoy acceso Efe, el magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, también ha convocado al que fuera presidente de Fundación Valencia CF y cofundador de la sociedad, Társilo Piles, para que declare como imputado el próximo 23 de junio.

Pedraz investiga en una de las numerosas piezas que mantiene abiertas contra la antigua cúpula del banco valenciano la operación por la que se hizo con parte de la sociedad ya liquidada y que se dedicaba a la cría de dorada y lubina.

El consejo de administración de la entidad aprobó en junio de 2006 la entrada en la sociedad adquiriendo un 20 % de Acuigroup a través de Inversiones Valencia SCR (IV SCR), participada en un 100 % por Banco de Valencia.

Se hizo bajo la condición de elaborar un informe de revisión contable, que concluyó la inexistencia de contabilidad en 2006, mientras que no se pronunciaba sobre las existencias, principal partida del balance, según relata un informe elaborado por el Banco de España que consta en la causa.

Pese a que no se informó al consejo, la entidad "consideró que la empresa valía 30 millones y se desembolsaron 6 millones, de los que 3 se pagaron en una ampliación de capital y los restantes a los anteriores socios que, no obstante, mantuvieron" la gestión de Acuigroup.

En julio de 2010, la junta general de la piscifactoría acordó un aumento de capital de 2,3 millones, que fue íntegramente asumido por IV SCR, la cual desembolsó a su vez una prima de asunción de 2,7 millones.

Así, Inversiones Valencia se hizo con el 68,01 % del capital, mientras el exministro y Piles permanecían como titulares -directamente el primero y a través de Urbanizadora Petrus el segundo- del 31,85 % y la Cofradía de Pescadores de Burriana del 0,14 % restante.

Pero ya en esa fecha la piscifactoría "ya se encontraba en situación de impago generalizado" y, en octubre, Banco de Valencia "obtuvo evidencias de la manipulación contable de las existencias", motivo por el que se encargó un estudio jurídico al despacho jurídico Garrigues.

En su informe, este despacho señalaba que una vez adquirió la participación mayoritaria, el nuevo director gerente de IV SCR, Fernando Pemartín, "comienza a informar" de la existencia de "potenciales incorrecciones en la valoración de las existencias, que podrían suponer una sobrevaloración de las mismas", en los ejercicios de 2006 a 2009.

La corrección de la cuenta de resultados del grupo supuso una pérdida entre 2010 y 2011 de aproximadamente 20 millones, "una magnitud muy relevante en comparación" con el resultado del primero de los ejercicios, que fue de 60,6 millones.

Cuando IV SCR y Banco de Valencia supieron de la existencia de estas incorrecciones, encargaron a Deloitte un análisis "en profundidad" de lo ocurrido, a lo que se opusieron Asunción y Piles.

Este encargo llevó a Asunción a denunciar a IV SCR el 1 de agosto de 2012 por intromisión ilegítima en su intimidad al permitir a la auditora que accediera a los correos corporativos y el contenido de los ordenadores de los representantes de Acuigroup, según la denuncia a la que ha tenido acceso Efe.

Pero finalmente, Deloitte concluyó en julio de 2011 el desfase en las existencias de entre 25 y 30 millones de euros.

Además, Banco de Valencia "perdió garantías personales", ya que en una póliza de 2011 por la que se otorgó un crédito de 11 millones a Acuigrup -que se sumaban a los 6 millones de la toma de la participación-, los anteriores propietarios de la compañía redujeron su garantía personal, pues alcanzaba un porcentaje mayor en las operaciones de las que procedía el crédito, remataba el supervisor.