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ORENSE (EFE). Más de un 62 por ciento de los trabajadores de la firma textil Adolfo Domínguez ha votado a favor del preacuerdo de la semana pasada para iniciar el expediente de regulación de empleo (ERE), lo que supondrá el despido de 105 trabajadores en vez de los 144 que la empresa proponía inicialmente tras semanas de duras negociaciones.

En total, 286 empleados se han mostrado partidarios del preacuerdo alcanzado por parte del comité y la empresa. El comité contabilizó 350 votos emitidos de un censo de 459 trabajadores. Se registraron 109 abstenciones y 5 votos en contra.

El preacuerdo alcanzado el pasado viernes después de unas ocho horas de reunión incluye la reducción en 39 del número de despidos.

BAJAS VOLUNTARIAS

Todo ello además de indemnizaciones para las bajas voluntarias de 35 días por año, excepto para mayores de 50 años, sin límite de mensualidades, una propuesta que incluye también a los trabajadores de la línea U que no se quieran trasladar a Madrid.

En declaraciones a Efe, la presidenta del comité de empresa, del sindicato CCOO (mayoritario), Celia Martínez, ha explicado que la votación, secreta y en urna, transcurrió con normalidad.

Las centrales sindicales CCOO, UGT y CIG (esta última rechazó el preacuerdo) y representantes de la empresa supervisaron la votación, que se celebró en las diferentes naves que la compañía Adolfo Domínguez en el polígono de San Cibrao das Viñas, en Orense.

Según ha indicado la portavoz, los trabajadores tendrán a partir de hoy una semana para inscribirse en el ERE voluntario, que tendrá que ser ratificado por la empresa, que tiene derecho a veto. En caso de no completarse dicha cifra la empresa completará el cupo, aunque las condiciones varían.

"MAL MENOR"

En el caso de las bajas forzosas, las indemnizaciones serán de 30 días por año con un límite de 24 mensualidades. El expediente no incluye a trabajadores de más de 50 años.

Además, la empresa se compromete a no efectuar despidos colectivos ni individuales en los dos próximos años", de forma que en caso de haber alguna excepción "se debatirá" y el afectado percibirá una indemnización de 35 días por año sin límite de mensualidades y los casos tendrán que ser informados a la comisión de seguimiento.

Martínez ha remarcado que este preacuerdo es "el mal menor" para la plantilla, y ha abundado que era "muy arriesgado haberlo dejado en manos de la autoridad laboral". En esta línea, ha criticado la postura de la CIG, de rechazar la propuesta, y ha recordado que la decisión la toman los trabajadores.

A partir del próximo martes, la empresa tendrá cinco días para resolver antes de proceder a la publicación de los trabajadores afectados por este nuevo expediente de regulación, que se suma a los que ha realizado la firma textil en los últimos años.

DESLOCALIZAR

Respecto al futuro de la empresa, Martínez, que se ha quejado de la falta de colaboración de las administraciones, ha lamentado el interés de la empresa por "deslocalizar" la producción de España "a los países en que estaba fabricando", como ocurre desde hace años con la confección, "que ya no se hacía aquí", dijo.

El representante de la CIG, Anxo Pérez Carballo, ha considerado "deleznable" el preacuerdo aprobado por las centrales CCOO y UGT, al indicar que "el problema" en la factoría orensana no tiene que ver con el expediente en sí mismo sino con el interés por "deslocalizar" determinados servicios a Madrid o a otros países, y que supondrá "el desmantelamiento" de la compañía y la consiguiente destrucción de empleo "para siempre" en la provincia de Orense.

Ha recordado el sindicalista de la CIG que el lema de las protestas que se celebraron los días pasados tenía como máxima "no a los despidos, no a la deslocalización y no al desmantelamiento", algo que considera que "no se ha cumplido".