MADRID (EP). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió 441 solicitudes de colaboración con la Justicia en el ejercicio 2014, frente a las 381 peticiones del año anterior, la mayoría de ellas relacionadas con la emisión y comercialización de instrumentos híbridos, notificaciones de embargo y nombramiento de administrador concursal de entidades emisoras de valores declaradas en concurso, entre otros.
Si bien destacó la cooperación en el ámbito penal, fundamentalmente en procesos relativos a posibles delitos de estafa o apropiación indebida, un total de 341 peticiones correspondió a la jurisdicción civil, según consta en el informe anual de la institución que preside Elvira Rodríguez.
Durante el pasado ejercicio se presentaron ante el supervisor un total de cinco denuncias dirigidas todas ellas contra entidades bancarias por su actuación en el ámbito del mercado de valores y contra emisores y sociedades cotizadas.
RECURSOS JUDICIALES
En concreto, se interpusieron dos denuncias contra bancos, dos contra emisores de valores y sociedades cotizadas y una contra otras entidades. En cuanto al contenido, tres hacían referencia a las obligaciones recogidas en la Ley de Sociedades de Capital y dos a abuso de mercado. Todas ellas habían sido cerradas a cierre de 2014.
Por otra parte, se interpusieron 23 recursos contencioso-administrativos, 16 de ellos contra resoluciones relativas a expedientes sancionadores, uno contra el acuerdo de archivo de una denuncia y uno contra la resolución por la que se inscribe un folleto de emisión y canje de instrumentos financieros.
Los otros cinco procedimientos se refirieron a reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
RESOLUCIONES
Además, los tribunales dictaron un total de 22 resoluciones -21 sentencias y un decreto de archivo-, 13 de ellas relacionadas con expedientes sancionadores.
De las 10 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional relativas a resoluciones sancionadoras, siete confirmaron íntegramente las resoluciones recurridas, dos rebajaron las sanciones impuestas y una anuló la orden ministerial que resolvió el expediente sancionador. Mientras, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en materia sancionadora que confirmaron las sanciones impuestas.
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