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VALENCIA (EP/CP). La exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, ha asegurado que las líneas maestras de la dirección del museo en cuanto a gestión institucional, exposiciones o política de adquisiciones han sido "puntualmente justificadas, debatidas y aprobadas en sesiones ordinarias del Consejo Rector, presidido en la última etapa por la consellera María José Català".

Así lo ha indicado en un comunicado hecho público este sábado a raíz de la publicación del contenido del informe provisional de control financiero de 'Procedimientos de Gestión Económico-Financiera de la actuaciones realizadas por el IVAM', que ha revisado la gestión llevada a cabo en el centro museístico en el período 2009-2013, bajo la dirección de la propia Ciscar.

El citado informe de la Intervención General, dependiente de la Generalitat, detecta diferencias de hasta un 1.500 por cien entre el precio que el museo valenciano de arte moderno pagó por alguna obra y su valor de mercado y, respecto a las exposiciones, la auditoría pone de relieve que el instituto no disponía de una norma escrita para organizarlas y la elección de los comisarios y su remuneración se realizaba "de forma discrecional por la directora gerente (...) sin realizar análisis previo para determinar la correcta estimación de sus honorarios".

Ciscar se ha referido a este documento como un "ignoto informe provisional" encargado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, al que ha lamentado no haber podido tener acceso: "He solicitado, sin éxito, tanto de esta Conselleria, como de la Dirección del IVAM el citado informe, así como —si existieran— las alegaciones correspondientes, al objeto de conocer su auténtico contenido".

Además, considera que "hurtar el contexto jurídico y administrativo que debe constar en el informe de referencia, y las recomendaciones que del mismo se deriven, desvirtúa y pervierte las filtraciones que inexplicablemente se han producido, hasta convertirlas en nulas de pleno derecho, por más que las muy desagradables consecuencias mediáticas resulten ya irremediables". En este punto, se ha referido al "capcioso mantra de sobrecostes en la adquisición de obra plástica para el Museo que alcanzan "hasta un 1500%" de su valor de mercado.

INFORMES DE LA SINDICATURA DE CUENTAS

Al respecto, ha recalcado que "el IVAM, como institución pública, ha sido sometido anualmente a las correspondientes auditorías externas de Audit Ibérica S.A. posteriormente refrendadas por la Conselleria de Hacienda, que habitualmente concluyen con la aseveración de que no se han observado incumplimientos relevantes". "Estos 'Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales del IVAM' son públicos y puede accederse a los mismos en la web de la citada Conselleria", ha agregado la exdirectora del museo.

Además, ha incidido en que el Consejo Rector del IVAM, presidido por el conseller o consellera con atribuciones en materia de cultura, "ha conocido y aprobado —siempre por unanimidad— el resultado de las mismas, sin perjuicio de que las líneas maestras de la dirección del museo en cuanto a gestión institucional, exposiciones, publicaciones, investigación, política de adquisiciones y aceptación de donaciones, hubieran sido puntualmente justificadas, debatidas y aprobadas —también de forma unánime— en sesiones ordinarias del Consejo Rector, presidido en la última etapa por la Consellera María José Català".

En materia de adquisición de obras de arte, ha detallado, ya sea mediante compra o donación sin contraprestación dineraria, "siempre se ha pronunciado previamente la Comisión de Asesoramiento creada a tal efecto tras Resolución de fecha 29 de junio de 1990, entre cuyos miembros se encuentra una personalidad de relevancia cultural como Tomas Llorens, primer director del IVAM, y Director en su día de los museo Reina Sofía y del Thyssen", apunta Císcar.

Por ello, considera que "la insistencia en esta información parcial, imperfecta y sesgada de un proceso carente de la debida transparencia, sin que haya mediado aclaración institucional alguna, se instala fuera de los necesarios y preceptivos cauces de seguridad jurídica y lesiona el derecho al honor de las personas", concluye el comunicado.