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MADRID (EFECOM). La primera reunión entre el Gobierno y los sindicatos tras la huelga general del 29-S no ha servido para reactivar el diálogo social, aunque la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, subrayó que ese no era el objetivo de un encuentro que ha tratado de ser una "primera toma de contacto".

A la reunión, en la que también estuvo por parte de Trabajo la secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, asistieron los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, y las responsables de Empleo de ambos sindicatos, Paloma López y Almudena Fontecha, respectivamente.

Para CCOO y UGT, el conflicto social que llevó a la huelga general sigue abierto, por lo que hoy mantuvieron que el diálogo social no se reanudará hasta que el Gobierno no modifique su política económica y la patronal deje de "obstaculizar" la negociación colectiva.

Górriz dijo que ambas organizaciones sindicales han emplazado al Ejecutivo a que retire los aspectos más lesivos de la reforma laboral, descongele las pensiones y abandone la pretensión de alargar la vida laboral. Además, insistió en que si no se toman medidas para generar empleo, las políticas activas servirán de poco.

Por su parte, Ferrer aseguró que los sindicatos atenderán todas las llamadas "a negociar y dialogar", si bien recalcó que el diálogo social va más allá de "hacer reuniones" ya que requiere compartir un diagnóstico de la situación y contar con objetivos compartidos, algo que "no existe hoy".

Ferrer reiteró que fue el Gobierno el que vulneró el dialogo social y dijo que éste "no puede ser el instrumento para legitimar políticas antisociales

No obstante, ni Ferrer ni Górriz precisaron si entrarán a negociar la reforma de las políticas activas de empleo.

Sin embargo, aunque durante la reunión se han puesto otros asuntos sobre la mesa, como la negociación colectiva o los expedientes de regulación de empleo (ERE), según explicó la secretaria de Estado de Empleo tras el encuentro, Rodríguez insistió en que su objetivo no era hablar de estos temas sino de la reforma de las políticas activas de empleo.

La intención de Trabajo, según explicó, era trasladar una reflexión sobre dichas políticas para que los desempleados "no estén parados", sino atendidos "de forma profesional" y puedan tener más oportunidades a la hora de reincorporarse al mercado laboral.

Para el Gobierno, dijo Rodríguez, reformar las políticas activas de empleo es prioritario en tiempo de crisis, junto al desarrollo de la ley de extranjería por su "fuerte relación con el empleo".

Aunque no se ha fijado la fecha para una próxima reunión, la intención del Gobierno es concretar las tres líneas de actuación que en esta materia se ha marcado para después "compartirlo" con los agentes sociales.

La primera de esas líneas se centrará en orientar a los desempleados de sectores como la construcción a otros que el Gobierno quiere fomentar como las energías alternativas, las nuevas tecnologías o los servicios asistenciales.

La segunda, se refiere a la necesidad de ajustar mejor la competencia del Estado, que regula las políticas activas de empleo, con las de las comunidades autónomas, que las gestionan.

El tercer eje tratará de "equilibrar" los servicios públicos de empleo con las agencias privadas de colocación, según Rodríguez.

Frente a la reforma de las políticas activas, UGT y CCOO apostaron por el mantenimiento de la prestaciones por desempleo y las rentas activas de inserción.

Ambos sindicatos aprovecharon la reunión para entregar sus alternativas a las políticas económicas del Gobierno.