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MADRID (EP). Telefónica se ha adjudicado tres de los cuatros lotes del contrato de servicios de telecomunicaciones centralizado de la Administración General del Estado por un importe total de 129,3 millones de euros, mientras que BT, otra de las vencedoras del megacontrato, se ha alzado con un lote valorado en 35,7 millones de euros.

Tres de los contratos, adjudicados el pasado 23 de marzo, se han formalizado el pasado 30 de abril y se publican este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los contratos tienen un plazo de ejecución de cuatro años.

En concreto, el primero de los lotes, correspondiente a la red corporativa multiservicio y servicio de telefonía fija, con un presupuesto base de licitación de 163,34 millones de euros, se ha adjudicado a Telefónica de España por 112,7 millones de euros, según información a la que tuvo acceso Europa Press.

El segundo lote para comunicaciones móviles, con un presupuesto base de licitación de 27,77 millones de euros, ha ido para Telefónica Móviles de España por un importe total de 10,87 millones de euros, y el tercer lote para proveer servicios de Internet, cuyo presupuesto ascendía a 15,6 millones, se ha adjudicado a Telefónica, que presentó la oferta más ventajosa por 5,69 millones de euros.

Por su parte, BT se ha adjudicado el cuarto lote para servicios globales de Telecomunicaciones tras presentar una oferta por 35,7 millones de euros, frente al presupuesto base de licitación de 38,76 millones de euros.

VALOR ESTIMADO DE 282 MILLONES

En octubre del pasado año, el Consejo de Ministros autorizó la celebración de un contrato de servicios de telecomunicaciones en la Administración General del Estado como primera fase del proceso de consolidación de dichos servicios.

Esta iniciativa recogida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), tiene como objetivo disponer de una red corporativa de telecomunicaciones única, común para todas las entidades administrativas, que garantice una comunicación de calidad entre las sedes y empleados de la Administración General del Estado.

El valor estimado del contrato asciende a 282 millones de euros, y supondrá un ahorro de 40 millones de euros sobre el gasto que se dedica en la actualidad a estos servicios, señaló entonces el Gobierno.