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MADRID (OTR/PRESS). La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a nueve personas e imputado a otras dos por haber defraudado 50 millones de euros en el pago de IVA por bonos de emisión de los gases que causan el efecto invernadero.

En la denominada operación 'Blue Sky', a través de complejas tramas empresariales se eludió la liquidación del IVA que generó el comercio de este tipo de bonos. La operación se inició a raíz de un informe emitido por EUROPOL, que ya desarrollaron investigaciones similares en países como Francia y Reino Unido, en el que se reflejó determinadas irregularidades en el comercio de este tipo de bonos de emisión en nuestro país, informó el Instituto Armado.

En España este comercio se inició cuando la Administración adjudicó a las empresas generadoras de estos gases determinadas cuotas de emisión en forma de 'bonos de emisión'. Algunas empresas adjudicadas generaron excedentes de los bonos asignados, bien porque su actividad se redujo o bien porque aplicaron mejoras tecnológicas que consiguieron disminuir la emisión de estos gases.

UN TESTAFERRO ILOCALIZABLE

Posteriormente, pusieron a la venta los bonos excedentes. El mercado de estas cuotas está sujeto al IVA, por lo que, una vez trasferidos los bonos a empresas deficitarias que los precisaron, los autores del fraude situaron un testaferro encargado de liquidar el IVA. Esta figura --generalmente ilocalizable--, no liquidó el impuesto y despareció, quedando el resto de la trama libre de cualquier responsabilidad. Entre las empresas que participaron en este entramado se encuentran los dos mayores brokers españoles dedicados a la intermediación de este tipo de productos.

En el dispositivo policial participaron más de 50 agentes de la Guardia Civil con la colaboración de personal perteneciente a la Agencia Tributaria. Debido a la dimensión internacional de las estructuras empresariales implicadas, en la última fase de operación participaron agentes especializados del Grupo de trabajo denominado Mistral de Europol del que la Guardia Civil forma parte.

En esta operación fueron detenidos seis personas en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y una en Valladolid, se imputó a otras dos, una en Madrid y otra en Barcelona y se realizaron 14 registros en empresas y domicilios.