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VALENCIA. La universidad vuelve al debate público cuando uno de sus flancos críticos, la oferta y la duración de las carreras, es objeto de la enésima reforma educativa. Recién salida la primera hornada de graduados del llamado Plan Bolonia, implantado desde 2010 para la convergencia de las titulaciones en el entorno europeo, el Real Decreto aprobado el 2 de febrero propone reducir los cuatro años de grado y uno de máster (4+1) a la fórmula 3+2 prometiendo títulos a medida del mercado laboral con carreras más cortas y más baratas para el bolsillo de las familias.

Pero no hay reforma universitaria que no levante protestas. Lo que el legislador vende como medida de rebajas a voluntad de cada universidad, la masa crítica de estudiantes y profesores lo interpreta como un bocado más del interés privado en el sistema público. Una situación que, acompañada de la subida de las tasas y la caída de las becas, cercenará aulas y plantillas de profesores primando el poder adquisitivo de los aspirantes a acceder a un título universitario. Los gobiernos de las universidades, como era previsible, desaprueban a través de la Conferencia de Rectores (Crue) lo precipitado de la medida al cambiar un modelo apenas estrenado con una promoción del 4+1. Es una aberración de libro, piensan, que salta las fases de diseño, implantación, análisis y corrección propias de cualquier proceso de calidad.

De las sumas 4+1 y 3+2 no resultan los mismos cinco años de las antiguas licenciaturas, sostiene Miguel Ángel Fernández Prada, vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de Valencia y coautor del documento con el que la CRUE ha criticado la reforma: «El decreto reduce las licenciaturas a tres años, por lo que los graduados, que no tendrán las competencias de un licenciado, requerirán un máster. Con los cuatro años de grado al menos se podía acceder en muchos casos al mercado laboral sin máster».

Lea el artículo completo en el número de abril de la revista Plaza.