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VALENCIA. Amenazas de muerte, insultos xenófobos, vulneración de derechos humanos, policías sin placa... El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la comisaría de Zapadores (Valencia) se ha convertido en un habitual de las páginas de sucesos. El pasado 11 de febrero, el juzgado de instrucción número 12 de Valencia admitió a trámite una querella interpuesta por el interno Mohamed Rezine Zohuir por haber recibido una brutal paliza. Hay 21 firmas de internos que avalan su testimonio.

La querella se suma a la de Ben Yunes Sabbar, que aseguró que un policía le amenazó de muerte tras golpearle brutalmente. Un total de 17 puntos de sutura en la cabeza dan fe de que algo pasó. Asegura que la intervención de una enfermera, al grito de «deja al chico, que lo vas a matar», impidió males mayores.

Al cierre de esta edición, la querella hacía cola en el juzgado número 14 a la espera de ser admitida. Son sólo dos casos, pero hay más de 30 similares en los últimos años. Lo cierto es que, de momento, no hay ninguna condena que avale que los hechos son ciertos. Y ése es el problema con el CIE de Zapadores.

Para algunos estos casos son simples estrategias para evitar una expulsión, exageradas por ciertas asociaciones y amplificadas por los medios. Para otros, el día a día de un lugar que, en muchos sentidos, es peor que una cárcel y al que el Ministerio de Interior niega el acceso a la prensa.

Lea el artículo completo en el número de marzo de la revista Plaza.