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BARCELONA (EFE). El Grupo de Estudios de Política Criminal, que agrupa a 200 jueces, fiscales y profesores universitarios, presentará hoy un manifiesto en facultades de toda España para expresar su rechazo a la reforma del Código Penal del Gobierno, que creen la "más autoritaria" en 20 años.

Con el lema "Un derecho penal para todos", el manifiesto denuncia que el endurecimiento de las penas que plantea esa reforma es "populista y no deparará mayor seguridad" e insiste en que "la cadena perpetua es contraria a la idea de dignidad y ningún estudio avala su mayor eficacia".

El manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal se presentará simultáneamente en universidades de Madrid, Barcelona -tanto la UAB como la UB-, Alicante, Pamplona, Salamanca, Castellón, Valencia, Málaga, Cádiz, País Vasco, La Palma o La Coruña, entre otras, ha explicado un portavoz de la entidad.

Los juristas del Grupo de Estudios consideran que la reforma propuesta por el Gobierno "da un salto cualitativo en el endurecimiento de la respuesta penal, sin que exista ningún estudio riguroso previo" y señalan que las tasas de población penada en España ya son "extremadamente altas" mientras las de delincuencia son inferiores a la media europea.

Además, para los firmantes del manifiesto, la "introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos".

"Penas de mayor duración no suponen obtener mayor seguridad pero sí provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria", añaden los juristas críticos con la reforma, que creen que la nueva legislación pasa "de juzgar el hecho y la culpabilidad del sujeto a pretender juzgar al propio sujeto, en línea con antiguas leyes de peligrosidad de nefasto recuerdo".

Los firmantes del manifiesto critican, entre las reformas, el pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE, ya que, frente a "medidas mucho más eficaces como la inteligencia, la cooperación y la política internacional", tipifica conductas que ya eran consideradas delictivas y "difumina el concepto de terrorismo, criminalizando la libertad de pensamiento".

Además, el Grupo de Estudios cree que la reforma penal, en sintonía con el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, "criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado de Bienestar".

Para los juristas del Grupo de Estudios de Política Criminal, el texto de la reforma adolece de numerosos "errores técnicos" -que en su opinión han puesto de manifiesto expertos e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal-, debido a la "precipitación en la reforma y la ausencia de otra justificación que no sea la mera propaganda".