VALENCIAPLAZA.COM. 28/02/2015 El Gobierno ha aprobado una serie de medidas que incluyen la exoneración de deudas a particulares y pymes a través de un procedimiento concursal, aunque no frente a créditos públicos, ha retirado las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y ha apoyado bonificaciones a familias y autónomos

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MADRID (EFECOM). El Consejo de Ministros ha aprobado varios reales decretos, entre ellos el denominado de "Segunda Oportunidad" cuyo fin es aliviar la deuda de particulares con buena fe y de empresas que ya no pueden hacer frente a sus acreedores.

Además, el Gobierno ha dado luz verde a una tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos que no pagarán cotización a la Seguridad Social durante dos años. Se aplicará un tipo progresivo, de forma que el ahorro respecto de la cotización será mayor para los salarios más pequeños y después se irá incrementando.

La nueva tarifa reducida obligará al empresario a aumentar la plantilla y el número de trabajadores fijos y obliga a mantener el empleo generado con los nuevos contratos durante al menos tres años.

Esta ayuda a la contratación se suma a la bonificación del 100 % en las cuotas a la Seguridad Social que también ha aprobado el Gobierno para los trabajadores autónomos que necesiten reducir jornada por el cuidado de hijos menores de 7 años o familiares en situación de dependencia y que supondrá un ahorro de 3.000 euros anuales.

No obstante, la medida estrella ha sido el Decreto Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y otras Medidas de Orden Social que permitirá mediante un proceso concursal la exoneración de todas las deudas de empresas y particulares, aunque no se cubran con la totalidad de los bienes.

El objetivo es conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitan afrontar el pago de las deudas de forma ordenada, a través de acuerdos extrajudiciales con mediadores que serán notarios o las propias Cámaras de Comercio.

Durante el plazo de estas negociaciones se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que no quedarán exoneradas las deudas registradas con la Administración Pública al entender que los créditos públicos "son de todos frente al deudor".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que estos créditos llevan su propia metodología y ha añadido que no suelen ser importantes para las personas físicas y sí para actividades empresariales. Asimismo, el Ministerio de Economía considera que los créditos de los bancos no serán más caros tras aprobarse la ley de segunda oportunidad, que, en su opinión, no incentiva las insolvencias estratégicas.

Economía ha subrayado que la normativa, que será tramitada como proyecto de ley y podrá tener cambios durante su proceso parlamentario, no pretende una dación en pago selectiva, ya que el deudor no elige los bienes que le conviene para liquidar al tratarse de una liquidación global del patrimonio.

Dentro de este decreto ley, el Gobierno ha aumentado la protección a los colectivos más vulnerables, que quedarán excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, al tiempo que ha prorrogado hasta 2017 la suspensión de los desahucios que vencía en mayo de este año.

También contempla que se incremente el límite anual de renta para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, que pasaría de 19.170 a 22.365 euros en 2015.

El código de buenas prácticas ha permitido ya que se lleven a cabo 3.500 daciones en pago, y más de 2.000 familias se han acogido al fondo social de vivienda, al mismo tiempo que se han paralizado más de 12.000 lanzamientos o desahucios.

De Guindos ha explicado que se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe, un proceso que ha sido posible porque la situación de la economía española ha cambiado. Entre los supuestos de especial vulnerabilidad estarán incluidos los mayores de 60 años.

Otra de las medidas que ha aprobado hoy el Gobierno es una deducción fiscal de 1.200 euros anuales para familias monoparentales con dos hijos a cargo y para familias numerosas, o con ascendientes o descendientes discapacitados que estén sostenidas por pensionistas o parados.