VALENCIAPLAZA.COM. 27/02/2015 El Consejo de Ministros aprueba hoy previsiblemente algunas de las medidas anunciadas en el debate del estado de la nación, como la tarifa de 500 euros para contratos indefinidos, la conciliación en autónomos, la ayuda a familias monoparentales de dos hijos o la ley de segunda oportunidad

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MADRID (EFECOM). La nueva tarifa plana de reducción de la cotización a la Seguridad Social de los primeros 500 euros de salario para los nuevos contratos indefinidos tendrá una duración de, al menos, 18 meses y deberá mantenerse el nuevo puesto de trabajo durante tres años.

Esta medida se solapará durante el mes de marzo con la actual tarifa plana de reducción de 100 euros en las cotizaciones, cuya vigencia concluye el 31 de marzo. Otra de las medidas que aprobará el Consejo de Ministros prevé la reforma del Estatuto del Trabajador Autónomo para establecer una bonificación para la conciliación.

Así, se bonificará durante un año el 100 % de la cotización por contingencias comunes de los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos o personas dependientes. Además, el Gobierno dará el visto bueno al nuevo cheque familiar para familias monoparentales formadas por un progenitor y por dos hijos por 1.200 euros anuales.

Esta ayuda se suma a las que ya contiene la reforma fiscal para familias numerosas o con ascendientes o descendientes con discapacidad, de modo que el conjunto de beneficiaros por ese tipo de ayudas superará el millón de personas.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará la ley de segunda oportunidad, cuyo objetivo es dar mayores facilidades a las familias para afrontar dificultades, una norma por la que podrán reestructurar su deuda mediante un acuerdo extrajudicial de pagos.

El procedimiento será sencillo para los particulares, de forma que en plazos muy breves y con los menores costes administrativos puedan acordar quitas, aplazamientos y otras formas de reducción de la deuda. Cuando los acuerdos no sean posibles se habilitará en la ley Concursal la posibilidad de que las personas naturales puedan liberar las deudas que queden impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes.

El Gobierno revisará los plazos de prescripción de las reclamaciones de la deuda, que en el caso general quedan fijados en cinco años, en lugar de los veinte vigentes. Dentro de las reformas que prevén facilitar la segunda oportunidad, el Ejecutivo reformará el Código de Buenas Prácticas bancarias, que incluirá una cláusulas para que las personas que se acojan se puedan beneficiar también de una inaplicación definitiva de las cláusulas suelo.